El mapa mundial de la gestación por sustitución es variado, pero en él destacan EEUU y Ucrania, destinos favoritos de los españoles para iniciar el proceso de vientre de alquiler. Ambos admiten extranjeros y permiten beneficio económico para la gestante.

Algunos estados norteamericanos admiten familias gais, mientras que las autoridades ucranianas restringen la práctica a las heterosexuales. Además, la gestación subrogada en Ucrania viene a costar la mitad que en EEUU.

Otro puñado de países permite esta práctica a extranjeros siempre que sea altruista, es decir, que no haya beneficio para la gestante. Es el caso de Irlanda. Reino Unido y Australia. También en Canadá, pero aquí sí caben los gastos asociados al embarazo. La lista la cierra Portugal aunque con veto a los homosexuales. Grecia también admite extranjeros, pero solo familias heterosexuales y mujeres solteras menores de 50 años, y el beneficio para la gestante asciende a 10.000 euros.

Hay otros muchos países donde los vientres de alquiler son legales. Sin embargo, la mercantilización de la práctica y las sospechas de abusos o el miedo a ellos, ha empujado a esos estados a cerrar la puerta a los extranjeros. Tailandia, India, Suráfrica, México o Dinamarca son algunos ejemplos donde la gestación subrogada está instaurada solo para sus nacionales.

El debate del altruismo

Aunque el debate entre defensores y detractores ya estaba ahí, no había saltado a la esfera política hasta que Ciudadanos puso sobre la mesa la idea de levantar la prohibición para regular lo que llaman «gestación subrogada altruista» solo para mayores de 25 años. «Yo me pondría en la piel de quien quiere ser padre y no puede, de quien tiene que irse a EEUU o a Canadá», ha defendido Albert Rivera. «Vamos a hacerlo bien en España». «¿Hay algo más feminista que una mujer ayudando a ser madre a otra mujer?», llegó a decir en otra ocasión el líder liberal.

Sin embargo, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no lo ve así. «Se trata de una utilización del cuerpo de las mujeres, de una compraventa que es particularmente grave porque se usa el de las más pobres», argumenta la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. «El deseo de paternidad de hombres y mujeres es entendible, pero el deseo no es un derecho. Las mujeres y niños sí tienen derechos y los derechos están por encima de los deseos y los intereses».

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, prefiere poner el foco sobre el concepto de «altruismo»: «Cuando se dice vientre de alquiler, oferta, demanda y dinero, no sé de qué se está hablando. Nos atacan diciendo lo que no es porque no pueden criticar nuestra propuesta«.

Pero esas críticas no son solo políticas. La matrona Elisa Cruz explica por qué considera que «utilizar la palabra altruista para limpiar un acto absolutamente abusivo hacia las mujeres y sus hijos no lo hace mejor«.

En su opinión, «se trata no solo de no hacer negocio, sino de no cosificar a la mujer ni de hacer un mercado de hijos a la carta». «No se puede negociar con la compraventa de madres e hijos y enmascararlo de altruismo», concluye Cruz. «Es un error muy grande».

Dudas éticas

Los dilemas políticos son todavía mayores si saltamos a la esfera de la ética. El Comité de Bioética de España se muestra bastante rotundo en su informe sobre la maternidad subrogada: «El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. La mayoría del Comité entiende que todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio».

La Relatora Especial de la ONU sobre la venta y explotación sexual de niños para el Consejo de Derechos Humanos ahonda en el tema y advierte de que «la gestación subrogada es una práctica en crecimiento que, si no se regula eficazmente, perjudica gravemente los derechos de las madres y sus hijos».

En su informe se ceba especialmente con «la gestación subrogada comercial» que, a su juicio, «equivale a la venta de niños». «Las madres suelen proceder de países en desarrollo, como India, Nepal o Tailandia, y los aspirantes a progenitor de países desarrollados, como Alemania, Australia, Canadá, España o Francia», insiste. «Esto provoca que la gestación subrogada aparezca como una salida a la pobreza o la falta de educación, que las hace más vulnerables ante la explotación. Supone desequilibrios de poder y aumenta la vulnerabilidad de los niños y sus madres ante las distintas formas de explotación».

El Parlamento Europeo, en su informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, «condena la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima». Y concluye que «debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo».

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