¿Cuánto ingresaría el Estado si se legalizara el cannabis?

A modo de prólogo

Durante casi 14 años –de enero de 1920 a diciembre de 1933– la venta de bebidas alcohólicas estuvo prohibida y perseguida en Estados Unidos. Fue la famosa Ley Seca. Promulgada por motivos morales y religiosos, a partir de las presiones del republicano Movimiento Nacional por la Templanza, “la Prohibición”, como también fue conocida la Ley Volstead, supuso un fracaso absoluto en casi todos los sentidos. A pesar de que durante la primera mitad de los años 20, el consumo de bebidas alcohólicas descendió en América del Norte, los efectos negativos de la Ley Seca fueron mucho peores: se siguió produciendo alcohol de forma clandestina pero sin control sanitario ni garantía alguna de calidad en el proceso de fabricación; el crimen organizado monopolizó esa nueva industria y su comercio ilegal, así como las importaciones de contrabando desde Canadá, vía Chicago. Un floreciente mercado negro, libre de impuestos y con precios descontrolados, atrajo a delincuentes de todo el mundo y corrompió a funcionarios y agentes de la ley. Mafias feroces, asesinatos, sobornos y luchas entre bandas –los famosos gángsteres– asolaron el país. Para hacernos una idea, en 1920 había menos de 4.000 presidiarios en Estados Unidos; en 1932 ya superaban los 27.000. Eran the roaring twenties, los violentos años 20. La Ley Seca y no el consumo de alcohol dispararon la criminalidad.

Hasta que el crac bursátil de 1929 (28 y 29 de octubre) y la consiguiente Gran Depresión forzaron al gobierno federal a buscar nuevas vías de financiación. De repente, la industria del alcohol –legal, reglamentada y con control fiscal y sanitario– aparecía como un posible factor dinamizador de la hundida economía estadounidense, capaz de generar nuevos puestos de trabajo y engrosar las arcas de la Hacienda Pública a través de impuestos y tasas. El paso de la economía negra a la legalidad aún se haría esperar un par de años. Pero en las navidades de 1933, los estadounidenses volvieron a descorchar el champán sin sentirse delincuentes. ¿Les va sonando todo esto? 

Cambiemos de escena. El cannabis y sus derivados, producido en los países cálidos desde tiempo inmemorial, usado como fibra textil y como sustancia narcótica, está prohibido y criminalizado en casi todo el mundo. En Estados Unidos, desde 1937. Curiosamente, la Declaración de Independencia norteamericana fue redactada sobre papel de cáñamo, la planta de la que se extraen el hachís y la marihuana. La Marijuana Tax Act promulgó su prohibición total, ayudada por la prensa sensacionalista y con una opinión pública convencida de que se trataba de una peligrosa «droga dura”, a pesar de que no existía evidencia científica de que fuera más dañina que el alcohol o el tabaco.

El proceso de demonización del cannabis se extendió desde USA al resto del mundo occidental. En 1961 se promulgó la primera normativa internacional, la Convención sobre Drogas Narcóticas, que limitaba su uso y el de sus derivados al empleo médico. En España, la Ley General del Medicamento (Boletín Oficial del Estado de abril de 1961), prohibía la producción, fabricación, tráfico, posesión y uso de la grifa y el hachís, con la excepción de las cantidades necesarias para la investigación científica. Dicha ley se amplió en 1981 y se remató con la “Ley Corcuera” de 1992, en la que se prohibía y castigaba con sanción administrativa el consumo de sustancias ilegales en lugares públicos, incluyendo el cannabis, por ser «peligroso para la salud pública».     

¿Pero era cierto eso? ¿Lo es hoy? ¿Quién sostiene en 2020 que el chocolate y la maría, el costo y la yerba son peligrosos para la salud? ¿Un peligro mayor que el del alcohol o el tabaco, en cualquier caso? En 1964, los científicos lograron aislar el THC (tetrahidrocannabinol) un elemento no adictivo y apenas tóxico. Hoy se sabe con certeza que casi no existen casos de muerte por su abuso. Y que no debe ser consumido en las edades tempranas de la vida, niñez y adolescencia. Como cualquier sustancia química, tiene contraindicaciones y hay estudios que indican que el podría agravar la esquizofrenia cuando el consumidor muestra propensión a ella. Hay personas que al abusar de los porros pueden pasar de la desinhibición y la risa, al atontamiento; están “colocadas”. Exactamente igual que cuando un individuo consume alcohol sin moderación. Comparemos ahora ese riesgo improbable con la cirrosis hepática, el alcoholismo crónico, el cáncer de pulmón, el delirium tremens, las afecciones cardiacas o la adicción física, efectos bien comprobados del alcohol y del tabaco.

¿Por qué, entonces, no está permitido fumar yerba? La actual prohibición es irracional y genera situaciones anormales: tráfico ilegal y contrabando, delincuencia y criminalidad crecientes, falta de garantías sanitarias, vacío normativo en los procesos de fabricación y control de calidad, ausencia reglada de variedades y precios, desvío de recursos policiales que podrían destinarse a combatir la inseguridad ciudadana, la violencia machista y el terrorismo, saturación de las cárceles por delitos tan ‘execrables’ como plantar maría en tu jardín. Y grave pérdida de recursos para el Estado: los impuestos y tasas derivados de cualquier actividad comercial lícita y regulada. 

¿Cuánto ingresaría la Hacienda Pública española si el hachís y la marihuana para consumo lúdico fueran legales y estuvieran regulados, como cualquier otra sustancia comercial; como el tabaco y el alcohol, por ejemplo?

La Universidad Autónoma de Barcelona lo calculó hace un par de años: casi 3.500 millones de euros al año en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores del sector. Con un volumen de negocio total de 9.000 millones de euros anuales. En octubre de 2018, el estudio de la Unidad de Políticas de Drogas del Servicio de Psicología y Logopedia de la Facultad de Psicología de la UAB calculó las implicaciones económicas de la legalización del cannabis en España. 

Según el análisis, publicado en la revista Cáñamo, la legalización regularizaría además 101.569 puestos de trabajo para producir los 820.597 kilogramos necesarios para abastecer la demanda. El estudio no preveía que la legalización erradicase totalmente el mercado negro, al menos al principio, pero sí un fuerte debilitamiento de las redes criminales: su cuota de mercado se reduciría hasta el 15% del total y continuaría en descenso, a medida que el buen servicio y el cultivo de nuevas variedades legales y garantizadas se fueran introduciendo en un sector de consumidores exigentes.  
La marihuana es legal en Uruguay desde 2017 y en Canadá, país del G7, desde 2018. Australia, Chile, Costa Rica, Chequia, Alemania, Jamaica, Países Bajos, Portugal y España tienen las leyes menos restrictivas: contra el tráfico, no contra el consumo. 

En una encuesta realizada por el diario La Vanguardia el pasado verano, a la que respondieron más de 10.000 lectores, casi el 90% se mostraban favorables a la legalización del porro. 

¿Qué posibilidades hay de que nuestro Gobierno de el paso de la legalización? Francamente, muy pocas. En un país tan polarizado políticamente como la España actual, cualquier Gobierno que se atreviese a presentar semejante Proyecto de Ley, sería satanizado por la oposición parlamentaria, independientemente de su filiación política. Los veinteañeros de derechas fuman tanto chocolate y maría, o más, que los de izquierdas. O sea que el cannabis ha logrado al menos trascender las ideologías, igual que la cerveza o el gin tonic. Según diferentes encuestas, existen dos  Españas del cannabis claramente posicionadas: Podemos y Ciudadanos están a favor; PP y PSOE en contra.  

El Gobierno que se atreviera a impulsar esta legislación, siguiendo el ejemplo de países tan avanzados como Canadá y los Estados americanos de California, Colorado, Maine y Massachussetts, debería plantearlo en los mismos términos que ya hace el país de los Grandes Lagos: exclusivamente para mayores de 18 años, como el alcohol y el tabaco; y con publicidad comercial en medios generalistas muy restringida. Además, como ya sucede ahora con el abuso de alcohol, con fuertes sanciones, incluida la cárcel, para los conductores de vehículos irresponsables cuando sobrepasaran una tasa máxima/mínima de THC en sangre.  

José Pardina

José Pardina es periodista y licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Dirigió ‘Muy Interesante’ durante más de 25 años, hasta 2015 y fundó la cabecera ‘Muy Historia’ en 2005. Es asesor editorial de Zinet Media Group.