Educación: cómo reparar los destrozos (PARTE 3)

La escuela pública, hoy maltrecha por los efectos de la pandemia, sufre la falta de recursos por los recortes, el abandono escolar y la brecha digital. ¿Qué se puede hacer para salvar uno de los grandes pilares del Estado de bienestar? Con este especial, EL PAÍS inicia una serie sobre las medidas necesarias para reactivar el Estado de bienestar

3. Segregación escolar no resuelta: público frente a concertado

De los 50.000 millones que invierten las Administraciones en educación, al menos 6.179 millones se dedican a conciertos con centros privados. Son colegios que reciben una subvención pública (a sus profesores, contratados sin oposición, les paga el sueldo la Administración) a cambio de ofrecer sus enseñanzas, al menos sobre el papel, de forma gratuita como los centros públicos.

En la comisión de reconstrucción social y económica del Congreso, la polémica se desató porque la izquierda incluyó una propuesta para dedicar exclusivamente a la escuela pública todos los nuevos recursos de apoyo a la enseñanza. Tras una fuerte polvareda, Podemos y PSOE accedieron a retirar esa exclusión del documento final, pero aun así, el dictamen sobre el bloque social, donde iba la parte educativa, no salió adelante. “Solo la escuela pública puede garantizar la igualdad en el acceso y en el desarrollo de una vida plural, frente a la selección, el elitismo y la competencia”, insiste Carmen Rodríguez Martínez, profesora de la Universidad de Málaga y miembro del Foro de Sevilla.

Esta eterna pelea está en el corazón de la batalla educativa que impide una y otra vez grandes acuerdos políticos y sociales. Y bascula en torno a la idea de si la escuela es un servicio público y común a cargo del Estado o un bien privado sujeto por encima de todo a la elección y las decisiones de los padres.

“En lugar de buscar consensos la educación se utiliza como un buen campo de batalla para confrontar ideologías”, protesta el profesor de Economía de la Pompeu Fabra José García Montalvo. Esa pelea distrae de lo fundamental, “debatir aspectos mucho más relevantes y con importantes implicaciones, por ejemplo: ¿deben los niños seguir aprendiendo caligrafía en una sociedad dominada por los teclados? ¿A qué edad es conveniente que los niños empiecen a aprender a programar?, etcétera”.

Esta confrontación lleva dos décadas atascando reformas necesarias, según los especialistas, como la revisión de un currículo demasiado rígido y enciclopédico y de una organización escolar muy anticuada o la formación del profesorado y el acceso a una plaza, por ejemplo, con una especie de MIR educativo, un sistema conjunto de preparación universitaria y concurso de entrada a la profesión similar al de los médicos de la sanidad pública, pero adaptado a los profesores.

“En lugar de buscar consensos la educación se utiliza como un buen campo de batalla para confrontar ideologías”

José García Montalvo, profesor de Economía de la Pompeu Fabra

Por eso, muchos expertos reclaman superar ese viejo debate de las dos redes. El problema es que otros lo colocan en el centro de otro de los grandes escollos: la segregación escolar, un agujero ya detectado en la primera década del siglo XXI y que, advierten los expertos, se está agravando.

Aunque hay muchas excepciones muy bien documentadas, la acusación a la concertada es que selecciona al alumnado (generalmente pidiendo cuotas a los padres supuestamente voluntarias o cobrando muy caros servicios extra como el comedor o las excursiones), dejando fuera al más complicado de atender, que generalmente coincide con el de estratos socioeconómicos más humildes.

La escuela concertada (financiada con casi 7.000 millones de euros de dinero público al año) acoge al 25% del alumnado, pero tan solo incluye un 14,9% de estudiantes de origen extranjero. La pública (67,2% de los alumnos) reúne en sus aulas al 78,7% de los inmigrantes. “Y la pandemia acelera la pérdida de igualdad de oportunidades y frena el ascensor social para los hijos de las familias humildes”, asegura la profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares Olga Cantó.uente: Elaboración propia a partir de datos del INE y de las consejerías de Educación

Hay una solución bastante clara, según algunos muy sencilla, según el profesor agregado de la autónoma de Barcelona Álvaro Borja Choi: “Hacer cumplir la normativa relativa a la prohibición de selección del alumnado por parte de los centros concertados; simplemente, hacer cumplir la ley”.

Aurora Ruiz, especialista del Colectivo Lorenzo Luzuriaga, señala precisamente la falta de equidad como uno de los principales problemas del sistema: “No proporciona a todos los alumnos las mismas herramientas y por tanto las mismas oportunidades de acceso a una educación de calidad, independientemente de su nivel socioeconómico”, asegura. Unas diferencias sociales que están empeorando a toda velocidad, según todos los especialistas consultados, en la actual situación de crisis sanitaria. “La pandemia acelera la pérdida de igualdad de oportunidades y frena el ascensor social para los hijos de las familias humildes”, asegura la profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares Olga Cantó.