Andalucía sanciona a Endesa por cobrar tarifas ilegales con sus contadores.
Otras comunidades autonómicas y la Junta de Andalucía investiga si la eléctrica cobra de más a sus clientes por el alquiler de unos contadores inteligentes que aún no tienen habilitados los servicios de telegestión.
La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a EndesaDistribución en respuesta a la denuncia presentada por Facua en noviembre de 2014, acusando a la compañía de “aplicar tarifas ilegales en el alquiler de contadores“, según confirma esta asociación de consumidores.
El caso lo está llevando el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía en Jaén, informan fuentes de Facua. En un principio, la denuncia fue archivada, pero Facua recurrió y ahora ha conseguido que se abra el expediente.
Esta organización de consumidores lleva meses denunciando la “aplicación ilegal de tarifas en el alquiler de los nuevos contadores de la luz, debido a que las eléctricas aplican una tarifa que sólo puede cobrarse si tienen habilitada la telegestión, algo que todavía no ocurre en la mayoría de los nuevos equipos de medida instalados”. Facua ha tratado de movilizar a los usuarios para que acudan a los tribunales para “poner freno” a lo que ellos consideran “un fraude masivo que lleva años produciéndose ante la pasividad de las administraciones competentes. El Ministerio de Industria no ha tomado medidas contra las eléctricas, pese a que la propia CNMC le ha instado a hacerlo. Tampoco han actuado las autoridades de protección al consumidor de las 17 comunidades autónomas ni la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad”, señala Facua en una nota.
“Los tribunales tendrán que tratar una a una reclamaciones de cuantías que no alcanzan los 4 euros por cada año en el que se haya producido la facturación ilegal. El fraude supone 33 céntimos mensuales (27 más IVA) por cliente, pero dado el volumen de afectados representa decenas de millones de euros cada año”, añade la organización.
Facua ha reclamado que “se impusiese a las compañías la devolución de decenas de millones de euros cobrados de más a los usuarios al aplicarles tarifas que la normativa limita a equipos de medida integrados en un sistema de telegestión y telemedida. Millones de familias llevan años pagando una tarifa indebida por el alquiler de contadores que no cumplen los requisitos obligatorios de integración en el sistema que deben permitir a los consumidores funcionalidades como la discriminación horaria, la lectura remota y la disponibilidad de información referente a su consumo. Datos que les facilitarían adoptar medidas para un gasto más eficiente y derivarían en una reducción de sus facturas”.
El sector está cobrando a los usuarios por el alquiler de los nuevos contadores una cuota mensual de 0,9801 euros (0,81 más IVA) que según la normativa sólo puede aplicarse si los equipos ofrecen las prestaciones propias de la telegestión, señala Facua, que recuerda que la cuota es un 50% más elevada que la establecida para las instalaciones que carezcan de dichas prestaciones, 0,6534 euros (0,54 más IVA). “Cada afectado paga anualmente 3,92 euros de más (0,3267 euros al mes) por el alquiler de contadores inteligentes que no lo son en absoluto”, concluye.