Atarfe cambia la ordenanza del IBI para beneficiar a sus vecinos
El gobierno introduce bonificaciones a familias numerosas y a quienes domicilien el recibo del inmueble de uso residencial por el banco. También aplica un bono social a vecinos con menos recursos.
Los ciudadanos de Atarfe contarán a partir del próximo año con bonificaciones en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) si pertenecen a una familia numerosa, domicilian el pago de su bien inmueble en suelo urbano a través de una cuenta bancaria, o residen en una vivienda cuyo valor catastral no está por encima de los 60.000 euros y sus ingresos no superan dos veces el salario mínimo interprofesional.
El gobierno municipal sacó adelante la modificación de la ordenanza del IBI, que se debatió en el pleno extraordinario celebrado el lunes, con el único voto a favor de su grupo municipal, la agrupación ciudadana Por Atarfe Sí (PASI). Los concejales del PSOE, PP y Ciudadanos optaron por la abstención y la concejal de Ganemos, Silvia Lara, votó en contra.
El plan de ajuste para el pago a proveedores que debe cumplir el Ayuntamiento de Atarfe obliga a compensar la pérdida de ingresos por la aplicación de bonificaciones –cuya estimación provisional está en torno a 120.000 euros- para evitar una quiebra de la hacienda local. Para ello, el equipo de gobierno gravará a partir de 2016 los tipos del IBI de los bienes inmuebles que no son residenciales ni rústicos y cuyo valor catastral es muy elevado, una operación que permitirá ingresar casi 298.000 euros y que cuenta con informes favorables del interventor provisional y el tesorero.
La subida afecta a usos de características especiales, y a los usos de almacén y estacionamiento, industrial, deportivo, cultural, oficinas, edificios singulares y espectáculos, “cuyos propietarios tienen capacidad para aguantar”, aseguró Rosa Félix, concejal de Urbanismo, Vivienda y Bienestar Social.
“Pese a todos los contratiempos que se derivan de la delicada situación económica de las arcas municipales –con una deuda cercana a los 58 millones, según la estimación provisional-, este gobierno municipal no puede permanecer ajeno a las circunstancias –en muchos casos dramáticas- de decenas de familias en situación de vulnerabilidad que nos reclaman de forma insistente una rebaja en el recibo de la contribución urbana y facilidad de pagos fraccionados para que resulte menos gravoso”, explicó Rosa Félix.
Las familias numerosas obtendrán una bonificación en función del valor catastral y de una serie de condicionantes que establece la Ley de Haciendas Locales . Los propietarios de inmuebles de uso residencial en suelo urbano obtendrán una bonificación del 3% de la cuota del impuesto si domicilian su recibo antes del 31 de marzo.
El bono social –una rebaja del 10% en la cuota íntegra del impuesto– sólo se aplicará a vecinos que tengan como residencia habitual un inmueble cuyo valor catastral no supere los 60.000 euros. Los ingresos anuales de la unidad familiar tienen que estar por debajo del doble del salario mínimo interprofesional y sus miembros no deben ostentar más bienes que el de su residencia habitual.
El gobierno municipal estudiará de cara al próximo año la fórmula para permitir que el fraccionamiento de pago se ajuste mejor a la situación de las familias.
El debate sobre el IBI
El portavoz del PSOE, Óscar González, justificó la abstención de su grupo en el hecho de que no exista un “informe económico de viabilidad” de los técnicos que garantice que la aplicación de dichas bonificaciones no hace peligrar el compromiso de pagos a proveedores que recoge el plan de ajuste. Aún admitiendo que el tesorero y el interventor accidental no habían puesto reparos a las bonificaciones, los socialistas reclamaron dicho estudio al tiempo que echaron en falta otras bonificaciones a la pequeña y mediana empresa, y censuraron el “poco tiempo” para estudiar la propuesta.
Por su parte, el concejal del PP Antonio Díaz anunció que su grupo también se abstendría en la votación al entender que la propuesta castigaba a las clases medias y a los empresarios, a los que-según los populares- se les da “el golpe de gracia”. Dijo estar en contra de la “política de Robin Hood” del PASI -“Que paguen más los que más tienen y menos o nada los que menos tienen”, y echó de menos una bajada general para todos los ciudadanos aún consciente de que hay que cumplir con el plan de ajuste. Díaz reprochó también que el gobierno haya optado por una “política excluyente” que no mira por todos los vecinos.
Ciudadanos no votó a favor de la propuesta del equipo de gobierno por no contemplarse una bajada de los honorarios de la empresa privada que se encarga de la gestión del cobro, proponiendo que se le redujera un 2% su margen de beneficio en la gestión tanto en periodo voluntario como fuera de plazo. Su portavoz, Antonio Pascual Martín, consideró “necesarias” las bonificaciones planteadas por el equipo de gobierno si bien consideró que “se olvidan de aquellos que trabajan, que a duras penas llegan a final de mes y que hacen un gran esfuerzo pagando sus impuestos”. También consideró “precipitado” el cálculo que se había hecho de las previsiones de compensación y que no se hubieran tenido en cuenta a las empresas afectadas.
A continuación la concejal de Ganemos, Silvia Lara, lamentó el “escaso tiempo” para estudiar el cambio en la ordenanza del IBI. Echó en falta que los ciudadanos no hubieran participado en la propuesta que se llevaba a pleno y planteó, como posible solución, que se modificase el tipo de gravamen que se aplica sobre la base imponible del IBI, pasando del 0,73% al 0,68%; una rebaja que, como ella misma recordó, se llevó a pleno en noviembre de 2011 pero no fue autorizada por el Ministerio de Hacienda. También solicitó información sobre el funcionamiento de la Oficina de Recaudación y el índice de morosidad, y preguntó sobre si la compensación del 3% en el recibo por domiciliación bancaria supone un perjuicio para las arcas económicas. La edil de Ganemos votó finalmente en contra aún estando de acuerdo en bonificar a familias numerosas y aplicar el bono social.
Por su parte, la portavoz de Por Atarfe Sí (PASI), Rosa Félix, aclaró que las bonificaciones “no son una solución definitiva” sino más bien una medida eventual “para mejorar las condiciones de los que más sufren”. La concejal de Vivienda y Bienestar Social no descartó introducir mejoras en la ordenanza una vez se tenga un estudio económico riguroso. Precisó que el dinero que se deje de ingresar por las bonificaciones lo compensarán “los que más tienen”, lo que permitirá cumplir con el plan de ajuste. La medida también irá acompañada de un plan de inspección catastral para que afloren los inmuebles que sus propietarios no han declarado. Anunció también que se estudiará la posibilidad de bonificar a las pequeñas y medianas empresas, y rebajar –si el estudio económico lo permite- el tipo de gravamen que se aplica sobre la base imponible del IBI, tal y como planteó Ganemos.
Por último, el alcalde Francisco Rodríguez Quesada cerró el turno de intervenciones aclarando que no habido tiempo de realizar un informe económico más exhaustivo por el “caos” que encontraron cuando accedieron al gobierno, sin tesorero ni interventor y con las cuentas sin cerrar de 2014.
En cuanto al servicio de recaudación que gestiona una empresa privada, de la que Ganemos solicitó información y Ciudadanos propuso gravar, el alcalde precisó que el Ayuntamiento de Atarfe debe en la actualidad un millón de euros por el préstamo que concedió al anterior equipo de gobierno, una deuda que no se saldará hasta 2025. Rodríguez Quesada dijo estar dispuesto a debatir en el pleno el rescate del servicio recaudatorio aunque aclaró que muy posiblemente, además de estar obligados a reembolsar el millón de euros, haya que indemnizar a la empresa por el lucro cesante.
El pago a Probisa
Todos los grupos municipales aprobaron por unanimidad la propuesta de abonar las obras de urbanización que realizó en 2005 la empresa Probisa en el Polígono de los Calerines. La urbanización se le encomendó en su día a Proyecto Atarfe S.A. y ésta suscribió con Probisa un acuerdo para que acometiera la actuación después de que se modificara el sistema de gestión, pasando de compensación a cooperación.
Después de años de contencioso, la justicia ha dado la razón a la empresa frente al Ayuntamiento, a la que hay que abonar mediante un plan de pagos los 346.837 euros, de los que 194.612 corresponden a certificaciones de obras y el resto -152.224 euros- a intereses y daños y perjuicios generados por los años del contencioso.
La propuesta del equipo de gobierno es que los propietarios de los terrenos que desarrollen dicho sector, declarado Bien de Interés Cultural en su momento, abonen los 194.612 euros de las certificaciones de obras impagadas. El equipo de gobierno también estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables que iniciaron las obras de urbanización por «ser conocedores de las trabas que la aprobación del BIC, en 2004, comportaba»; y a los que se les reclamará, si procediera, los 152.224 euros de intereses y daños y perjuicios.
AYUNTAMIENTO DE ATARFE http://bit.ly/1HTZyfV
