La lucha por la autodeterminación de género de las personas trans

Suecia se convirtió en 1972 en el primer país del mundo en permitir el cambio de género en documentos oficiales. Desde entonces, países como España, Colombia o Nueva Zelanda han adoptado leyes que reconocen la identidad de género y permiten el cambio de género legal, protegiendo así un derecho de la población trans. Sin embargo, los procedimientos para asegurar este cambio varían de un país a otro: mientras algunos contemplan la autodeterminación de género, basada en la propia voluntad de la persona, otros patologizan el proceso a través de la evaluación y el tratamiento médico. Dicho tratamiento puede implicar desde un proceso hormonal obligatorio hasta la imposición de una cirugía genital. 

En el otro extremo se encuentran países como Nigeria, Malasia o los Emiratos Árabes Unidos, cuya legislación criminaliza explícitamente a la población trans. Según la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés), más de cincuenta países del mundo prohíben el cambio de género legal o criminalizan las identidades de género no normativas. Además, pese a que un número mayor de Estados permiten el cambio de género legal, la mayoría tiene unos requerimientos considerados prohibitivos o poco claros, y tan solo unos pocos tienen unos procesos médicos o de autodeterminación de género delimitados. 

A pesar de sus diferencias, todos los países tienen algo en común: ninguno asegura la igualdad plena del colectivo trans. De hecho, según un eurobarómetro de 2019, el 48% de la población europea opina que existe una discriminación generalizada por ser trans, frente un 35% que opina que no es frecuente y un 14% que lo desconoce. 

Identidad de género y otros conceptos

Susan Stryker, renombrada académica estadounidense de estudios de género, define la identidad de género como el “sentido subjetivo de encaje (o falta de encaje) con una categoría de género”. Tradicionalmente, el género se ha construido socialmente como binario —masculino y femenino— en función del sexo: los rasgos biológicos por los que una persona es designada como hombre y mujer. Las personas cis son aquellas cuyo sexo asignado al nacer coincide con su género aceptado socialmente, mientras que en las personas trans no se da esta concordancia. A mediados del siglo pasado, el influyente sexólogo alemán radicado en Estados Unidos Harry Benjamin popularizó el término “transexual”, que actualmente está más asociado al campo de la medicina. En los años noventa se comenzó a usar “transgénero” o “trans”, variantes que presentan una definición más amplia de la identidad de género y que están más extendidas hoy. 

Una década antes, en 1980, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría introdujo en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales —referente en el campo de la medicina— un concepto que tendría un gran impacto en el cambio de género legal: el trastorno de identidad de género. El reconocimiento de la identidad trans como trastorno mental fue controvertido, y parte de la comunidad tachó dicha perspectiva de patologizante, negándose a definir su identidad como una enfermedad mental. Sin embargo, la adopción de este término contribuyó a establecer los requerimientos médicos necesarios para conseguir el cambio de género legal.

La versión más reciente del Manual, publicada en 2013, sustituyó el trastorno de identidad de género por la disforia de género, definida como una “incongruencia entre el género experimentado o expresado y el asignado al nacer”. Pese al avance, los criterios para diagnosticar disforia de género todavía resultan polémicos, e incluyen la preferencia de juguetes estereotípicamente asociados al género contrario o la preferencia de compañeros de juego del otro género. 

Numerosos países requieren el diagnóstico de disforia de género —o cualquier otro diagnóstico relacionado con la salud mental— para proceder con el cambio de género legal. Según Transgender Europe, una red de organizaciones por los derechos trans, en 2020 31 países de Europa y Asia Central, incluidos Alemania o Turquía, exigían un diagnóstico para el reconocimiento legal, mientras que tan solo once, incluidos Portugal e Irlanda, carecían de dicha obligación. 

Además de la valoración psiquiátrica, se pueden exigir otros procedimientos médicos como el tratamiento hormonal forzoso. Desde 2007, la ley española obliga a que la persona lleve “durante al menos dos años” bajo un proceso de hormonación para rectificar la llamada “mención registral del sexo”. La Comisión Europea criticó este requerimiento en un informe de 2020 en el que defiende que la terapia hormonal obligatoria viola el derecho a la salud recogido en acuerdos vinculantes de derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España. Pero la hormonación no es el único procedimiento obligatorio que vulnera los derechos de las personas trans. Desde 2019, la India permite a las personas trans cambiar de género legal si demuestran que se han sometido a una cirugía genital. 

En Japón, para proceder con el proceso de cambio de género legal no solo es imprescindible la cirugía genital, sino también una esterilización forzosa, lo que le ha valido críticas internacionales. La ONG defensora de los derechos humanos Human Rights Watch ha tachado el sistema nipón de regresivo y dañino. La imposición de una cirugía genital viola el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos, crueles o degradantes, tal y como recoge la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otro lado, la esterilización forzosa es una violación del derecho a la salud, información, privacidad, formar una familia o el derecho a no ser discriminado, entre otros. 

La autodeterminación de género permite cambiar el género legal sin ningún tipo de diagnóstico relacionado con la salud mental ni un tratamiento médico obligatorio. A través de este procedimiento, una persona trans puede cambiar su género legal con una declaración escrita o una petición formal ante las autoridades. La autodeterminación es considerada la opción más respetuosa con los derechos humanos de las personas trans, y está amparada por mecanismos internacionales como los Principios de Yogyakarta, así como por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como defendió la Red Europea de juristas expertos en igualdad de género y no discriminación, la autodeterminación de género es un proceso accesible que elimina los requerimientos —médicos o sociales, entre otros— que imposibilitan el cambio de género legal a algunas personas trans. Además, tiene gran relevancia simbólica, ya que evita que terceras personas decidan sobre la identidad de género de un individuo. 

Argentina es el referente más claro en cuanto a autodeterminación de género a nivel estatal. El país latinoamericano introdujo en 2012 un Ley de Identidad de Género que permite “la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida”. Esta decisión ha tenido un impacto positivo en la población trans local: según un estudio de 2014 de la Fundación Huésped argentina, la adopción de esta ley contribuyó a mejorar su acceso a la salud, la educación o al ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Inspirado por la legislación argentina, Dinamarca se convirtió en 2014 en el primer país europeo en regular la autodeterminación de género, y Brasil, Chile, Costa Rica, Grecia, o Australia, entre otros, se han unido recientemente a esta lista. El proyecto de Ley Trans que se está debatiendo en España recoge “el derecho a la libre determinación de la identidad de genero de la persona”, lo que situaría al país ibérico en este grupo a la vanguardia de la protección de derechos humanos de las personas trans.

El futuro del cambio de género legal

Pese a que la mayoría de países que recogen el cambio de género en documentos oficiales lo hacen desde una perspectiva médica, la autodeterminación de género está cada vez más extendida. La obligación estatal de un proceso hormonal, una cirugía genital o una esterilización forzosa para proceder con el cambio de género legal viola los derechos humanos de las personas trans, incluido el derecho a la salud, la integridad física o la autonomía personal. 

Así lo recogió el entonces experto independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de genero, Vitit Muntarbhorn, en un informe de 2017. “Varios países, como la Argentina, Australia, Malta y los países escandinavos, están marcando ahora el camino al permitir que la legislación nacional reconozca el género con el que las personas se identifican sin necesidad de intervenciones quirúrgicas y procedimientos médicos conexos, a menos que opten por esta vía sin coacciones”.

Con todo, la autodeterminación de género no está exenta de críticas. La filósofa trans española Elizabeth Duval defiende que el género no puede ser autodeterminado, ya que surge de la sociedad y la familia para ser posteriormente internalizado por el individuo. El sociólogo Miquel Missé, también español y trans, afirma que la autodeterminación no es la solución perfecta, pero sí la mejor que se ha conseguido hasta la fecha. En cualquier caso, aunque la autodeterminación de género continúe siendo objeto de debate académico y jurídico, es el único proceso de cambio de género legal que asegura la protección de los derechos de las personas trans.