Liberalizar las patentes de las vacunas no pondrá fin a la pandemia

“Estos tiempos y circunstancias extraordinarias requieren soluciones extraordinarias”. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, justificaba así el pasado 5 de mayo un anuncio también fuera de lo común: Washington apoyaría la liberalización de las vacunas contra la covid-19, previas negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC), para ayudar a acabar con la pandemia.

Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Japón se oponían a la propuesta de India y Sudáfrica de liberalizar las patentes de las vacunas, una medida que apoyan más de sesenta países. La iniciativa permitiría a cualquier empresa farmacéutica fabricar las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna u Oxford-AstraZeneca, que ahora se inoculan en países occidentales. Washington, además, ha sido un opositor tradicional a cualquier liberalización de patentes farmacéuticas en virtud del tratado que regula la propiedad intelectual a nivel mundial, el ADPIC, incluso en los peores años de la epidemia del VIH. Ningún presidente ha tomado una medida semejante, y ello tiene que ver en buena medida con el poder de la industria farmacéutica en la política estadounidense.

Sin embargo, la propuesta aún no tiene luz verde, pues debe aprobarse por unanimidad en la OMC, que empezará a negociarlo en una reunión formal el 8 y 9 de junio. Y falta el apoyo del resto de países occidentales: la propuesta ha generado división en la UE y entre sus Estados miembros, el Reino Unido aún no ha anunciado su apoyo y Japón solo ha confirmado que participará “de forma constructiva” en las negociaciones. Estas reticencias esconden dudas sobre la efectividad de una medida extraordinaria y sus posibles efectos adversos sobre la innovación en los productos farmacéuticos.

Una patente es un derecho exclusivo que protege una innovación con aplicación industrial. Permite, por ejemplo, que quien cree un programa informático sea el único que pueda explotar sus frutos. Las patentes, así como otras formas de propiedad intelectual, son fundamentales en la industria farmacéutica, asegurando que solo los inventores de un nuevo medicamento puedan comercializarlo.

La propiedad intelectual en la industria farmacéutica es necesaria para garantizar la inversión que permite producir innovaciones como vacunas o tratamientos, que suelen ser caras, pero en última instancia benefician a la salud pública. Sin embargo, en ocasiones esta protección puede perjudicar el acceso y la producción de esas innovaciones, y por tanto la propia salud pública. No obstante, las patentes no implican exclusividad de producción, ya que el titular puede comercializar sus derechos de propiedad intelectual, permitiendo así que otras empresas fabriquen su producto.

Además, la propiedad intelectual tampoco es absoluta, puede limitarse. Las patentes suelen tener una validez de veinte años y estar acotadas al territorio del país que las concede, y pueden revocarse por diversas razones. Por ejemplo, la ley española prevé que por motivos de salud pública se pueda suspender una patente para permitir que otras empresas la exploten a cambio del pago de regalías. Esto puede replicarse a nivel internacional con un acuerdo en el marco de la OMC como el que se discute ahora para las vacunas contra la covid-19. En ese sentido, la propuesta de India y Sudáfrica limita la liberalización de patentes sobre productos y tecnologías contra la covid-19 a tres años, y abarca otros productos además de las vacunas.

Pese a la importancia de las patentes, liberalizarlas no aumentaría drásticamente la producción de vacunas contra la covid-19, pues existen más límites a su producción y comercio. Por ejemplo, no todas las farmacéuticas, y especialmente las de países del sur global, cuentan con la tecnología ni el conocimiento necesarios. 

Esto es especialmente evidente con las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, dos laboratorios pioneros por utilizar por primera vez a gran escala la tecnología ARN mensajero, o mRNA. Las vacunas tradicionales suelen inocular en el paciente una versión atenuada o inactivada del virus para que el sistema inmunitario lo identifique y genere protección frente a él sin riesgo de infección. Por el contrario, el ARN mensajero transmite al sistema inmunológico un código que le lleva a generar una proteína que protege frente al virus.

El potencial del ARN mensajero es enorme, en especial para enfermedades como el cáncer, pero es fruto de una gran inversión en investigación. Pese a que esta tecnología se conocía desde los años sesenta, no fue hasta 2005 cuando se descubrió su viabilidad en tratamientos médicos. Su puesta a punto requirió numerosas investigaciones y de un modelo de negocio con un alto riesgo empresarial. BioNTech y Moderna son empresas dedicadas a desarrollar productos farmacéuticos con tecnología mRNA, y han invertido gran cantidad de dinero público y privado en esta tecnología. Esa experiencia les permitió ajustar el mRNA a las necesidades de la covid-19 y crear vacunas en tiempo récord.

Muy pocas farmacéuticas tienen los medios técnicos para producir vacunas como las de Pfizer-BioNTech y Moderna a gran escala, y menos aún poseen el conocimiento necesario sobre el mRNA, aunque este problema también se aplica a vacunas que no utilizan esta tecnología, como la de Oxford-AstraZeneca. Quizá ello explique la reacción del CEO de Moderna, Stéphane Bancel, que ante el anuncio de Estados Unidos de liberalizar las patentes afirmó que no había perdido “un minuto de sueño”, puesto que para Moderna no cambiaba “nada”. De hecho, la farmacéutica ya había anunciado que no solicitaría la protección de sus patentes mientras durase la pandemia, porque ninguna otra empresa tiene capacidad para producir su vacuna.

Lo más efectivo es distribuir mejor las vacunas

Por tanto, tener acceso a la patente no implica poder producir la vacuna, al menos no de inmediato. Se requiere también una transferencia del conocimiento que la liberalización de las patentes no garantiza. Incluso, si llegara a darse, tampoco supondría un cambio inmediato en la capacidad de producción. La Organización de Productores Farmacéuticos de la India, por ejemplo, afirmó que la liberalización de las patentes no permitiría a los laboratorios indios producir más vacunas. Por otro lado, la medida podría acelerar la difusión del conocimiento sobre la tecnología mRNA y replantear el consenso global sobre la propiedad intelectual en tiempos de crisis, pero perjudicaría el sistema de incentivos a la innovación que permitió desarrollar esta tecnología en primer lugar.

Estos dilemas, más la dificultad de conseguir unanimidad en la OMC, explica la oposición a la liberalización de países como Alemania, que critica su poca efectividad y el daño que podría infligir a la innovación. También han abundado críticas por otro motivo: Estados Unidos ha exportado poco más del 1% de sus vacunas desde que comenzó a recibirlas, en comparación con el 28% de la UE o el 42% de China. Según esas posturas, la forma más efectiva de acabar con la pandemia no es liberalizar patentes, sino mejorar la distribución con miras a inocular a toda la población mundial para finales de 2021. Para ello sería necesario eliminar restricciones a las exportaciones como las que han mantenido Estados Unidos o el Reino Unido. No obstante, países como Rusia o China han apoyado la propuesta de EE. UU., ya que les permitiría acceder a un grado de conocimiento sobre el mRNA que todavía no poseen.

Esto ha llevado a que la Unión Europea presente a principios de junio una propuesta formal para eliminar dichas restricciones a la exportación y aumentar la capacidad de producción mundial. Al mismo tiempo, Bruselas rechaza la liberación de las patentes, pero a cambio defiende conceder licencias para que otras farmacéuticas puedan producir las vacunas existentes sin suprimir los derechos de propiedad intelectual. Las negociaciones en la OMC empezarán esta semana, aunque pueden durar meses hasta llegar a un consenso.

Liberalizar las patentes puede tener efectos positivos sobre la producción de vacunas contra la covid-19 a largo plazo y mejorar la transferencia del conocimiento. Sin embargo, al margen de los detalles de un hipotético acuerdo en la OMC, el proceso no sería tan rápido ni efectivo como para aumentar en gran medida la producción o la distribución equitativa de las vacunas, y puede conllevar un coste elevado para las futuras innovaciones biotecnológicas.