España tiene 50.000 viviendas construidas en zonas de riesgo de inundación
La crisis climática está incrementando las probabilidades de que riadas inunden llanuras y meandros que han sido urbanizados.
«Se estima que en España hay unas 50.000 viviendas construidas en zonas que sabemos que estarán inundadas», explica a Público Antonio Aretxabala, geólogo e investigador de la Universidad de Zaragoza, que explica que la diferencia con zonas como Alemania o Austria es que la regulación para las construcciones en áreas de riesgo llegó muy tarde, en 2008, «justo después de la burbuja inmobiliaria».
Las áreas donde se suelen registrar los desbordes son las denominadas llanuras de inundación, la parte orográfica del río que contiene agua por debajo y que, en caso de crecida, se ve más afectada. El urbanismo desbocado en cauces y meandros pone a España en una situación de riesgo, en tanto que ya se han vivido algunos episodios como las desoladoras inundaciones de Tafalla (Navarra) en 2019 o la devastadora gota fría que azotó ese mismo año la costa levantina.
Esa combinación de fenómenos extremos asociados al cambio climático y un urbanismo descontrolado no sólo tiene vínculos con las construcciones de río. También la costa española tiene un serio problema debido a la subida del nivel del mar y al efecto de los temporales extremos, cada vez más frecuentes. Según los datos del Observatorio de la Sostenibilidad, las provincias del litoral más afectadas por las inundaciones en un periodo de retorno de 10 años son Cádiz, Girona y València.
Aretxabala señala también a la industrialización de los ríos, la construcción de presas y diques «que ponemos para preservar las llanuras de inundación». El investigador pone el ejemplo del Ebro, un río «encajonado en hormigón» que, en episodios de grandes lluvias, se «desparrama» al llegar a Navarra, el primer lugar donde no hay infraestructuras artificiales hidrológicas, y deja anegados pueblos enteros. «Nos creemos que podemos controlar las crecidas construyendo presas, pero sólo nos dan una falsa seguridad».
En 2019, un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard publicó en la revista Science un artículo en el que reclamaban un cambio de actitud ante los desastres y catástrofes derivados de la crisis climática. AR Siders, impulsora de la propuesta, hablaba de una «retirada» de las zonas proclives a inundaciones y afectadas por la subida del nivel del mar. «Necesitamos dejar de imaginar nuestra relación con la naturaleza como una guerra. No estamos ganando o perdiendo: nos estamos adaptando a los cambios en la naturaleza. Los niveles del mar aumentan, las tormentas llegan a las llanuras de inundación, por lo que debemos retroceder. Podemos hacerlo de la manera difícil, luchando por cada centímetro y perdiendo vidas y dólares mientras tanto. O podemos hacerlo de forma voluntaria y reflexiva y aprovechar la oportunidad para repensar la forma en que vivimos en las costas. Es por eso que el retiro debe ser estratégico y gestionado», decía la experta.
La retirada es una opción que gana aún más fuerza cuando se ponen sobre la mesa el impacto económico que tienen las inundaciones y otras catástrofes vinculadas a la crisis climática. En España, los daños por riadas y lluvias torrenciales generados en los últimos siete años suman ya una cuantía de 153,6 millones de euros, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
La complejidad de esta retirada, sin embargo, debe ser diseñada por la Administración y realizarse desde la justicia social. En la actualidad el único mecanismo legal que va en esa dirección es el Plan Hidrológico Nacional, cuyo Artículo 28 hace referencia al urbanismo expuesto a episodios de inundación y establece que el Estado debe «eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes».
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