¿Por qué lleva cinco años Juana Rivas luchando por la custodia de sus dos hijos?
La falta de cooperación entre los sistemas judiciales de España e Italia y el hecho de que no se investigasen las denuncias de malos tratos presentadas por Rivas han derivado en un tortuoso proceso que ha criminalizado a la madre y desprotegido a los menores.
En el verano de 2017 el caso de Juana Rivas saltó a los medios de comunicación. Hacia finales de julio se hacían eco de que una mujer de Granada se negaba a entregar a sus hijos al padre, condenado por maltrato. Rivas había llegado desde Italia a España en 2016 con sus hijos para visitar a la familia, pero con la convicción de no volver a Carloforte, una pequeña localidad de Cerdeña donde vivía con su pareja, Francesco Arcuri y sus dos hijos, entonces de tres y 11 años. Dejaba atrás, según relató entonces, un calvario de aislamiento, control y malos tratos por parte de su pareja.
En 2009, cuando la pareja vivía en España, Arcuri había sido condenado por malos tratos contra Rivas. La sentencia firme establecía tres meses de prisión y a un año y tres meses de alejamiento de Rivas y de su hijo mayor (el menor aún no había nacido) por violencia de género. La pena de prisión se conmutó por cursos de control de la agresividad, cosa que Arcuri nunca llegó a realizar. En julio de 2016, cuando Rivas ya estaba en Granada, volvió a denunciar a su entonces pareja por malos tratos continuados. Esta denuncia, clave en el devenir del caso, nunca fue investigada, ni se tuvo en cuenta por la Justicia a la hora de exigir a Rivas la entrega de sus hijos para restituirlos a Cerdeña, cumpliendo así con la denuncia de sustracción internacional de menores que Arcuri había interpuesto en 2016.
La violencia de género desaparece de la escena
La realidad es que la violencia de género que denunció Rivas nunca fue parte del proceso judicial, y esto fue un muro contra el que esta madre y su defensa han topado desde el inicio. También lo han sido las numerosas irregularidades que han ocurrido a lo largo de todo el proceso. Muchas de ellas fueron denunciadas con poco éxito por diversas organizaciones feministas ante el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ejemplo, cuando Rivas entregó a sus hijos a Arcuri a finales de agosto de 2017, el juzgado envió una orden para que el padre se presentara con su hijo mayor ante la Unidad de Medicina Forense para realizar una valoración del menor. Sin embargo, cuando se emitió la orden, Arcuri ya había abandonado el país con sus dos hijos, sin permiso del juzgado. Una actuación que no levantó ninguna acción por parte de la Justicia.
Otra de las grandes irregularidades en el proceso judicial fue el hecho de que la Justicia española tardara más de un año en traducir y remitir a Italia la denuncia interpuesta por Rivas en julio de 2016 por malos tratos contra Arcuri. Una vez en Italia, la denuncia volvió a quedar archivada en un cajón y nunca fue investigada ni tenida en cuenta en el juicio por la custodia de los menores que se abrió en el país vecino. La Fiscalía italiana acabó por archivarla junto a otras ocho denuncias de Rivas por malos tratos hacia sus hijos, sin que se hiciera una investigación. Aún quedan otras cinco denuncias sin archivar que no han sido investigadas.
El síndrome de alienación parental hace su entrada
El proceso por la custodia de los menores en Italia estuvo marcado por la negativa de la pericia oficial a admitir ninguna referencia a la violencia de género. La perito nombrada por el tribunal, Ludovica Iesu, es una reconocida defensora del inexistente síndrome de alienación parental (SAP). Así lo denunció la defensa de Rivas desde el inicio. El informe final que presentó ante el tribunal, y que el juez siguió a pies juntillas, fue demoledor contra Rivas, a la que calificaba de mala madre y manipuladora. Iesu es discípula de uno de los grandes defensores en Italia del SAP, Giovanni Battista Camerini, que era el perito de parte de Arcuri en el juicio. La sentencia final fue que la custodia de los niños debía ser en exclusiva hacia Arcuri y daba a Rivas un régimen de visitas estrecho.
España condena a Rivas por sustracción
Mientras todo esto ocurría en Italia, en España Rivas era condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de sus hijos y a la pérdida de la patria potestad por cuatro años. La sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Granada refrendaba la condena.
En abril de este año, el pleno de lo penal del Tribunal Supremo rebajó a la mitad la pena de cárcel por entender que no se trataba de dos delitos de sustracción, sino sólo de uno y mantuvo intacta la pena de privación de patria potestad. Como tribunal sentenciador, también lo tocó hacer el informe sobre un posible indulto hacia Rivas, pero su decisión estuvo muy dividida, puesto que la mitad de la sala de lo penal se opuso, mientras que los otros ocho magistrados se mostraron a favor, dejando la puerta abierta para que el Gobierno pudiera aplicar un indulto parcial (el total es imposible dado que Rivas lleva ya seis meses cumpliendo condena) que podría ser por todo lo que le queda de condena.
Italia anula el juicio e inicia una nueva pericia
Mientras esto ocurría en España, la Corte de Apelaciones de Cagliari (un tribuna de segunda instancia) decidió anular las actuaciones del juicio que dio la custodia a Arcuri e iniciar una nueva pericia. En la base de esta decisión están los distintos informes presentados por las abogadas de Rivas y que atestiguan que los menores podrían estar sufriendo malos tratos por parte de su progenitor. En diciembre pasado la corte decidió escuchar al hijo mayor de Rivas e iniciar un nuevo proceso para decidir cuál de los dos progenitores está mejor capacitado para ejercer la custodia. Los niños han manifestado en diversas ocasiones que quieren estar con su madre y el mayor de los hijos (que hoy tiene 15 años) relató los malos tratos del padre.
Indulto necesario para tener opción a recuperar a sus hijos
La corte de apelación de Cagliari tenía previsto dejar visto para sentencia la decisión sobre la custodia de los menores en julio pasado. Sin embargo, la condena de Rivas que se hizo firme en el Tribunal Supremo impulsó a las abogadas de Rivas a pedir un aplazamiento de la vista. La nueva fecha marcada fue la de este próximo 19 de noviembre. Si el Gobierno, algunos de cuyos miembros se manifestaron a favor de la medida de gracia, no le concede el indulto parcial por lo que le queda de condena antes de esa fecha, las posibilidades de Rivas a poder tener la custodia de sus hijos o incluso las vistas con ellos se reducen a cero.
Juicios en dos países que no colaboran judicialmente
El proceso judicial de Juana Rivas ha sido desde el inicio un galimatías complejo llevado a cabo en dos países que escasamente han compartido información. Tal como han relatado a este diario distintas juristas a lo largo de los últimos años, la no cooperación de los sistemas judiciales en casos en los que pueda existir violencia de género vulnera lo estipulado en el Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos ratificado por ambos países y que es de obligatorio cumplimiento. Esta falta de colaboración está en la base de que la violencia de género y las diversas denuncias que Rivas presentó en relación a los malos tratos de su expareja hacia los niños no hayan sido nunca investigadas ni tenidas en cuenta en las distintos tribunales de ambos países.
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