Cuando publicamos en este diario el primer artículo sobre Juana Rivas, allá por julio de 2017, lo hicimos con una nota de agencia. El titular afirmaba que «una mujer se niega a entregar a sus hijos al padre, denunciado por maltrato». Entonces no podíamos imaginar que esa primera noticia, cogida al vuelo, se convertiría en un caso largo y tortuoso, atravesado por todos los estereotipos imaginables.

Desde entonces, más de cuatro años después de que la noticia saltara a los medios, han corrido muchos ríos de tinta (y muchos bits) sobre este caso. Y unas cuantas decisiones judiciales, a menudo incomprensibles para una sociedad que tiene a gala defender los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y, sobre todo, de los menores que puedan correr riesgo de violencia. El caso de Juana Rivas ha atravesado y dividido a la sociedad española como ningún otro.

Las sentencias, emitidas por un estamento supuestamente imparcial y justo, solo han servido en este caso para perpetuar una violencia institucional que muchas mujeres vienen denunciando desde hace décadas. El barniz de imparcialidad que reviste a las estructuras del Estado oculta en muchas ocasiones los fallos del sistema y da a los medios de comunicación, y a ciudadanía en su conjunto, una visión distorsionada de los hechos, de la tremenda injusticia que en ocasiones imprime a los ciudadanos y ciudadanas. De alguna manera me recuerda a aquella frase que muchos usaban para dar credibilidad a su relato: «Lo ha dicho la tele». Esa aura de imparcialidad, de verdad irrebatible, de legalidad, en ocasiones destruye vidas.

Al menos ocho magistrados del Tribunal Supremo reconocían en el escrito sobre el posible indulto a Juana Rivas que, por las propias costuras del sistema, no habían podido entrar en el meollo de la cuestión de este caso cuando se sentó a deliberar sobre el recurso de Rivas contra su condena de prisión y de pérdida de la patria potestad. Sencillamente porque la sentencia que tenían que analizar condenaba a Juana Rivas por sustracción de menores sin tener en cuenta las denuncias por violencia de género presentadas por esta madre. Estos ocho magistrados, la mitad de los que forman el pleno, reconocían en ese escrito que no pudieron tener en cuenta los múltiples indicios e informes que atestiguan que los hijos de Rivas pudieran estar sufriendo maltrato y violencia. En esa instancia no tocaba cuestionar los hechos probados. Si se hubiera podido hacer, tal vez ocho magistrados del Supremo se hubieran opuesto a la condena de Rivas a tenor de su escrito.

Pero los fallos comenzaron mucho antes: en la sentencia de un juez de primera instancia que, tal como se ha divulgado ampliamente en diversos medios, incluye siempre que puede en su fallos alusiones que van contra una ley orgánica del Estado que debería no solo respetar, sino aplicar a rajatabla. Me refiero a la de 2004 contra la violencia de género. Pero no pasa nada. Tenemos independencia judicial. También incluye en sus sentencias apreciaciones subjetivas sobre las intenciones de las mujeres cuando denuncian a sus parejas, afirmando que lo hacen por despecho o mala fe. Pero tampoco pasa nada, porque tenemos estereotipos y ya estamos acostumbrados a ver a las mujeres como pérfidas. Nos resulta más fácil asumir el estereotipo que cuestionar al sistema.

Pero si el periodismo no cuestiona al sistema, si no sirve de balance o de control de las instituciones, no es periodismo. Si el periodismo no indaga en las causas que provocan la violencia institucional, tampoco es periodismo. Y si esta profesión no se realiza con perspectiva de género, apaga y vámonos.

Esto es lo que hemos hecho durante estos cuatro años con tesón, y esto es lo que seguiremos haciendo cada día, cumpliendo fielmente nuestro compromiso editorial con una sociedad plenamente igualitaria. No siempre resulta fácil cuestionar al sistema, pero Público tiene el feminismo entre sus banderas editoriales desde el momento mismo de su fundación y somos muy conscientes de que nuestra labor, en ocasiones, cambia vidas. Solo por eso, merece la pena