5 diciembre 2024

A las políticas públicas contra los crímenes de género debe sumarse la respuesta social ante situaciones inaceptables

Las cifras de la tragedia que sacude a la sociedad española no permiten mirar hacia otro lado: 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en este 2021. A la última, Yolanda, la mató su pareja en su casa de un tiro en la cabeza el 25 de diciembre, día de Navidad. Tenía 25 años y dos hijos. Cada caso es único y cada vida arrebatada debe comprometer activamente no solo a las mujeres sino también a los hombres, cuyo escándalo ante este goteo lacerante de muertes no siempre se hace audible con la radicalidad y la potencia que la causa exige.

La serie histórica ha mejorado, sin que haya lugar al optimismo. 2021 cierra como el año con menos asesinatos machistas en el seno de la pareja, lejos de las 71 mujeres a las que arrebataron la vida en 2003, cuando comenzó la estadística oficial. Hablamos de 1.125 mujeres menos. Además, desde que se empezó a contabilizar también a los hijos e hijas menores como víctimas directas de la violencia de género, han sido asesinados 45 menores y 336 han quedado huérfanos. Las cifras resultan insoportables.

Las condiciones para la denuncia siguen siendo insuficientes e ineficaces porque año tras año se repite un bajo porcentaje. En 2021 apenas había dado la voz de alarma el 20,9% de las asesinadas, una de cada cinco. Muchas mujeres no denuncian porque temen por ellas y por sus hijos, porque no son conscientes del peligro, porque no confían en la justicia o porque ignoran adónde o a quién acudir. Las instituciones implicadas en prevenir y conjurar la violencia machista llevan años buscando caminos alternativos para llegar hasta ellas antes de que sea demasiado tarde. Esas mujeres acuden al médico porque suelen tener dolencias relacionadas con el maltrato, puede que sus hijos tengan algún comportamiento que llame la atención en sus colegios, tienen gente alrededor que puede dar el paso por ellas. El infierno esta vez no son los otros porque de los otros depende en gran medida la llegada del auxilio, de la llamada o de la pista que pueda impedir el mal mayor: el maltrato es un problema oculto, pero no es invisible, ni inaudibe ni imperceptible. Un estudio del Instituto Andaluz de la Mujer presentado esta semana estima que seis de cada 10 andaluces conocen en su entorno (familia o amigos) a alguna víctima de violencia machista. Sin embargo, los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que las denuncias de allegados ni siquiera alcanzan al 2% del total.

La implicación de la sociedad es el mecanismo central que puede reducir el impacto de la violencia machista y lanzar el mensaje inequívoco de que los maltratadores no tienen ni sitio ni complicidad posibles, como tampoco deben tenerlo las conductas sexistas y machistas que están en la base de la violencia contra las mujeres. Por eso son importantes las campañas y los gestos tanto de particulares como de políticos, a pesar del porcentaje de recelosos o negacionistas que asume la extrema derecha: la renovación este año del Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue respaldado por todos los partidos de la Cámara, a excepción de Vox.

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