Ayuso, enemiga de la educación pública

La llamada “ley Maestra de libertad de elección educativa”, impulsada por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, no es otra cosa que un nuevo asalto a la educación pública. De ahí la necesidad de tomar conciencia plena de lo que está en juego para evitar que se produzca un daño irreparable a lo público. Llamar “maestra” a la ley Ayuso para la segregación educativa, es el disfraz de la mentira y un insulto a los docentes. Veamos.

Es una ley para confrontar con el Gobierno central. Isabel Díaz Ayuso utiliza la ley para insistir en su estrategia política de colisionar con Pedro Sánchez para ser referente en la batalla que libra por el poder en su partido y en el ámbito estatal. Así, aunque no lo haga la LOMLOE, ella se inventa que ataca a la educación concertada, a los centros de educación especial y al castellano. La campaña de falacias que lanzaron para justificar esta ley, nada tienen que ver con la realidad, pero conocen bien aquello de que una mentira mil veces repetida acaba pareciendo una verdad.

No aborda los problemas de la educación madrileña. Los rasgos que definen la situación son los siguientes: mísera inversión educativa, campeones en segregación escolar, privatización galopante y resultados mediocres. Estos son los datos: Madrid invierte un 2,5 % del PIB en educación, que es la mitad de la media de España; siendo la comunidad autónoma más rica, es la de menor gasto público por alumno con 4.503 euros, frente 5.579 de media en España y a 9.298 del País Vasco. Es la segunda comunidad que da más dinero a la concertada y donde las familias gastan más en educación, un 72% más que la media nacional. Ni siquiera recupera los recortes de 1.724 millones habidos desde 2009.

Madrid está a la cabeza de Europa en segregación educativa y ello es un ataque a la igualdad de oportunidades y pone en riesgo la cohesión social. El proceso de privatización hace que en la comunidad de Madrid la educación pública tenga un peso un 15% menor que la media estatal y un 40% menor que el de los grandes países europeos; en Madrid capital, la derecha está convirtiendo la educación pública en algo subsidiario de lo privado (40%-60%). Los últimos resultados en pruebas internacionales (PISA) están empezando a reflejar la mediocridad del modelo de Madrid con fuertes caídas en Ciencias y en Matemáticas y que tiene que ver con la segregación, con la doble red de centros. Algo tiene que salir mal, cuando se primar la red privada, se concentran recursos en la concertada y se recortan en la pública.  

La ley Ayuso no habla de doblar la inversión educativa, ni de garantizar con carácter general una educación en aulas inclusivas y centros ordinarios que respeten la diversidad, ni de reforzar la equidad y la igualdad de oportunidades. Tampoco se propone reducir ratios de alumnado, mejorar la atención a la diversidad, trabajar la convivencia y el bienestar del alumnado, ni evaluar un programa bilingüe cada vez más cuestionado por las familias, el profesorado, el alumnado y el sentido común. 

El objetivo buscado de la ley es segregar y privatizar. Por ello se aumenta, en los Presupuestos de la Comunidad para 2022, la partida destinada a conciertos y cheques escolares hasta los 1.315 millones. Y se complementa con el acuerdo PP-Vox con más cheques escolares: son 62,5 M que se deberían dedicar a fortalecer la educación pública y que se destinan a financiar a las clases altas y medias los centros privados y concertados.

La calidad educativa y la excelencia es directamente proporcional a la equidad. Esta ley apuesta deliberadamente por cristalizar la desigualdad social, aunque se vista de un falso discurso sobre el esfuerzo. Es cínico que se arropen en él, quienes quieren convertir simples academias (como ESNE) en Universidades. Todos los expertos nos repiten que los modelos educativos de mayor éxito se basan en la heterogeneidad del alumnado y la inversión en lo público. Cualquier país debe aspirar a tener la misma calidad educativa en todos sus centros, es el ejemplo de Finlandia. 

Lo más negativo de la ley son los siguientes puntos: a) No garantiza la educación inclusiva y sin discriminación de todas las personas con discapacidad, al plantear distintas modalidades de escolarización que segregan al clasificar al alumnado. Con ello contraviene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2007; b) Los conciertos económicos a empresas privadas que están en contra la coeducación y que segregan por sexo; supone pagar decena de millones de euros de dinero público a colegios del Opus Dei y otros grupos ultrarreligiosos; c) El blindaje de la red privada-concertada, que no es gratuita y discrimina al alumnado de familias con bajo nivel socioeconómico o con dificultades. Tampoco asegura la participación de las familias y el profesorado; d) El regalo de suelo público a empresas privadas para que hagan negocio educativo; hay que recordar que, en la etapa de Aguirre y Granados, se produjo un escándalo de corrupción ya que se cobraban 900.000 euros por colegio concertado, tal y como se acredita en la Operación Púnica; e) La publicación de ránquines de los centros educativos con los resultados de las pruebas externas.

Su tramitación ha sido un atropello parlamentario en la Asamblea de Madrid al no cumplir los mínimos de cualquier procedimiento democrático. No se puede pretender zanjar la ley, en Ponencia y en Comisión, obligando a presentar en pocos minutos decenas de enmiendas de cada grupo y que se voten en bloque. Se ha negado el debate y de la posibilidad de defender 117 enmiendas de los tres grupos parlamentarios progresistas. Hay que recordar que son enmiendas elaboradas de común acuerdo con las organizaciones más representativas de la comunidad educativa, que no dan crédito a lo sucedido. Todo ha sido todo un paripé antidemocrático. Es un hecho que PP y Vox tienen mayoría para sacar adelante sus acuerdos, pero no tienen patente de corso para saltarse los consensos, los procedimientos ni la democracia. Las formas son tan importantes como los contenidos y hay que respetarlas. 

En conclusión, es una ley rancia que, en algunos aspectos, como los conciertos a centros que segregan por sexo, recuerda las escuelas franquistas que separaban niños y niñas. Fomenta la segregación educativa y con ello la desigualdad social. Busca la hegemonía política conservadora con un modelo individualista. Está hecha al dictado de sectores de la patronal de la educación privada-concertada que considera la educación como puro negocio. Va, además, a contracorriente de un modelo moderno y eficaz de calidad educativa; este modelo ya está inventado y funciona: en Europa la educación es prácticamente 100% pública. Lo de aquí es un anacronismo debido a la pervivencia de privilegios de una Iglesia poco evolucionada y a la presión de sectores privados. Tiene artículos contrarios a una ley de rango superior, la LOMLOE, y el Gobierno central debería recurrirla ante los tribunales en defensa del derecho constitucional a la educación.

La ley Ayuso será aprobada por la derecha y ultraderecha porque tienen más votos, pero no porque tengan más razones que los que defendemos un modelo educativo desde el bien común. Sabemos que hemos ganado porque ni nos han engañado con su nombre ni nos han convencido con su modelo contrario a la igualdad. Es una ley sectaria, sin consenso, impuesta con métodos autoritarios. Leyes de quita y pon. Por ello, nos comprometemos públicamente a derogarla en el futuro, igual que se ha hecho con la ley Wert. Lo conseguiremos, antes o después, y Ayuso será recordada como una enemiga de la educación pública.