Calidad residencial para los mayores

Debiera estar bien prevista y adecuadamente planificada la cobertura y bienestar de toda la población mayor cuando el asunto laboral toca a su fin o cuando por diversas circunstancias existan necesidades.

Los datos son de diciembre 2020 y son aproximados. De los 47 millones de españoles, casi una sexta parte (un 19,77%), son mayores de 65 años, es decir, algo más de 9 millones de personas.

Aunque no existe una estadística real sobre población en residencias de mayores, por término medio viven en estos alojamientos alrededor de 350.000 personas personas; es decir, un 4 y algo por ciento aproximado de los mayores, por lo que el 95% restante se reparte entre su propio domicilio, el de sus hijos, o tal vez algún piso tutelado, una segunda residencia, una vivienda compartida u otras alternativas.

Vivir en una residencia de mayores privada no está al alcance de quienes tienen rentas bajas –las pensiones mínimas para personas sin cónyuge a su cargo están alrededor de diez mil euros al año, una cuantía muy alejada de los 1.900 euros/mes que viene a costar una residencia–. Pero incluso con una pensión de jubilación de mil euros y pico es imposible pagar lo que cuestan bastantes de estos centros de mayores (los datos varían según las comunidades autónomas y otras variables).

Por su parte, para acceder a una plaza pública, el solicitante debe tener un grado de la ley de dependencia entre otras condiciones vinculadas a la renta, pues el estado complementa, por así decir, la aportación individual.

Aunque existan soluciones, la cosa se pone compleja; hay listas de espera; algunos mayores son asignados a centros alejados de sus barrios o las residencias disponibles no ofrecen la calidad deseada por carencias de personal o de recursos.

En cualquier caso y, a pesar de que la pandemia haya supuesto un triste giro en lo que a número de plazas se refiere, el sector residencial para personas mayores no resulta suficiente para satisfacer la demanda futura. En España hay algo más de 389.000 ‘camas’ y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) habría que sumar entre 70.000 y 80.000 más para cubrir las necesidades de los próximos años.

Junto a esa cantidad necesaria de plazas, lo decisivo es la apuesta por la calidad en los servicios y prestaciones que los mayores merecen y requieren. Y ello implica planificación, garantías y destinar los fondos adecuados.

Todos sabemos lo que hoy día significa ‘ser viejo’, es decir, en esta etapa vital mas añosa pesan las mismas necesidades básicas que en etapas anteriores –sanidad, alimento, higiene, seguridad, entre otras–. Esas son las cosas elementales que cubrir, pero es un momento vital en el que sigue habiendo capacidades, intereses, proyectos personales, ambiciones y necesidades elevadas. En un gran número de casos.

Para la inmensa mayoría de setentañeros y ochentañeros, la calidad de vida pasa por muchas otras cuestiones una vez cubierto lo esencial. Desde hacer ejercicio a disponer de un entorno amable; desde cultivar aficiones a disfrutar de una buena compañía, desde participar en la vida cultural a preservar la independencia, apostar por el desarrollo personal, el ocio, el conocimiento o servir a la sociedad.

Por ello y porque la pirámide de población avisa, debiera estar bien prevista y adecuadamente planificada la cobertura y bienestar de toda la población mayor cuando el asunto laboral toca a su fin; cuando por diversas circunstancias y sin ser dependientes ni tener discapacidad, la pensión es baja; cuando el ingreso mensual es del tipo ‘No contributivo’; cuando no hay ahorros ni hijos a quien acudir; cuando se ha optado libremente por ingresar en una residencia aún teniendo autonomía y casa propia.

Es decir, aunque la opción preferida de los mayores sea la de seguir en sus casas, acceder a una residencia debiera considerarse una elección posible e inmediata, dado que es una alternativa atractiva para muchos de ellos (no olvidemos que estos centros brindan determinados servicios o presentan sus ventajas según para quien y cuándo). Me refiero a los cuidados, la atención social de profesionales, la seguridad, las actividades programadas, la ausencia de barreras arquitectónicas, pero también, el no tener que ocuparse de la comida o el disponer de espacios de expansión, entre otros.

La pirámide poblacional avisa y como el mercado lo sabe, han surgido nuevas fórmulas empresariales para mayores que, teniendo un piso en propiedad, puedan utilizar su vivienda para pagarse la residencia. Es la llamada hipoteca inversa, que no gusta a todo el colectivo porque implica renunciar a dejar piso en herencia a los hijos. También existe el co-housing, apartamentos privados con instalaciones y servicios comunes y empieza a aparecer el asunto del alojamiento intergeneracional junto a otras fórmulas de comunidades que comparten alojamiento y servicios externos… propiedad compartida, propiedad temporal, cooperativas de vivienda, etcétera.

Por su parte, del lado del sector público es plausible la apuesta de algunas comunidades autónomas por destinar parte de los famosos fondos europeos a cuidados de larga duración –mayores, discapacidad, dependencia o exclusión social–, así como a accesibilidad. Tiene muchos beneficios destinar parte de estos recursos al objetivo de transformar el modelo de atención. Con cargo a estos fondos podrían impulsarse proyectos interesantes para ‘hogarizar’ o dar más calidez a los centros de mayores; implicaría más contrataciones, oportunidades o mejoras laborales para los muchos trabajadores vinculados al sector, y, sobre todo, permitiría que la calidad de vida y el bienestar de nuestros mayores mejorara sustancialmente.

Porque lo merecen y lo requieren y porque también estas tesituras nos llegarán un día. A nosotros y a nuestras diversas circunstancias.

MANUEL MARTÍN GARCÍA Defensor de la Ciudadanía de Granada

https://www.ideal.es/opinion/calidad-residencial-mayores-20220213173625-nt.html

FOTO: https://www.matiafundazioa.eus/es/blog/residencias-que-cuidan-la-salud-y-la-calidad-de-vida