24 noviembre 2024

Todas las veces que el Gobierno de Rajoy se negó a acoger a los refugiados

«Es falso que yo me opusiera a aceptar refugiados en España», afirmó Mariano Rajoy, indignado tras la acusación lanzada por Pedro Sánchez en el cara a cara: repasamos todos los momentos en los que su Gobierno se opuso. Fernández Díaz los comparó con «unas goteras» en julio para oponerse a la cuota de casi 5.000 refugiados que le atribuía en un principio la Comisión Europea. La vicepresidenta aseguró que la capacidad de acogida en España estaba «saturada» el 30 de agosto, dos días antes de la muerte de Aylan Kurdi, cuando su discursó cambió radicalmente

«Es falso que yo me opusiera a aceptar refugiados en España», afirmó Mariano Rajoy, indignado tras la acusación lanzada por Pedro Sánchez en el cara a cara de este lunes. El socialista le recordó su oposición a las cuotas europeas iniciales, afirmó que su Ejecutivo siguió «las líneas más duras» de los gobiernos europeos. Y el presidente se indignó: «Es absolutamente falso. Nunca me he negado». Sí lo hizo. Su equipo regateó las cifras de personas reubicadas hasta que la imagen del cuerpo sin vida de Aylan Kurdi ocupó todas las portadas. Fue entonces cuando su discursó cambió.

Se negó a acogerles en mayo de 2015, cuando la Comisión Europea planteó una serie de propuestas con el objetivo de disminuir el incesante número de naufragios que tenían lugar principalmente en los alredededores de la costa italiana. Acababan de morir 700 personas en una misma barcaza, días antes habían fallecido 400 migrantes y refugiados, según Save The Children. La batería de iniciativas contenía la recolocación obligatoria de 40.000 personas desde Italia y Grecia a los diferentes estados miembros y a otras 20.000 desde terceros países colindantes a aquellos que sufren emergencias humanitarias.

España dijo «no». El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue la principal voz del rechazo español a la acogida de la cifra de refugiados que le correspondía a España. En un principio, cuando la Comisión Europea tan solo había filtrado el cupo impuesto a este país en el programa de reasentamiento, cerca de 1.600 personas, el Gobierno español se negó. Le parecía demasiado.

«El reparto es injusto» (mayo, 2015)

El titular de Exteriores tachó de «injusta» la forma de efectuar la distribución entre estados miembros. El Ejecutivo de Rajoy entró en el regateo de refugiados que ahora niega. «El peso de la población cuenta un 40% y el PIB un 40% y la tasa de paro sólo un 10%. La tasa de paro de un país es capital y hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho en la integración de migrantes», afirma Margallo, con el argumento de que el alto índice de desempleo en España impediría ofrecer trabajo a esas personas.

Consideraba que no era ni «justo» ni «realista».

«Los eritreos son inmigrantes económicos»

El responsable de Exteriores también cuestionó la necesidad de protección de algunos de los solicitantes de asilo que estaban llegando a Italia. Para ejemplificar, habló de las personas de origen eritreo, a los que denominó «inmigrantes económicos». Pronto, varias ONG y organismos internacionales a correigieron al ministro: el régimen de Eritrea vulnera de forma constante los derechos humanos de su población, lo que obliga a huir a una parte de ellos por motivos de persecución.

La Comisión Europea ignoró la oposición de Margallo y, cuando llegó el momento de concretar las cifras de los programas, aumentó las cuotas correspondientes a España. El Gobierno debería aceptar a 4.288 personas del plan de reubicación desde Italia y Grecia y a otras 1.549 del mecanismo de reasentamiento desde terceros países.

«Tememos que genere un efecto llamada» (junio, 2015)

Y España volvió a negarse. En primer lugar, el Ejecutivo de Rajoy atacó su carácter obligatorio. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, utilizó un viejo recurso, aquel que ya había empleado poco antes para rechazar la creación de una misión de salvamento para rescatar a las personas que arriesgan su vida en el Mediterráneo: el «efecto llamada».

«Nosotros estamos en contra de la obligatoriedad claramente, dijo Fernández Díaz. «Lo que vamos a hacer con esta propuesta no es resolver el problema, sino distribuir el problema entre diversos Estados de la Unión Europea», sostuvo. «Es más, nos tememos que esa iniciativa pueda generar un efecto llamada y que con la mejor intención no solo no contribuir a resolver el problema sino en su caso incrementarlo», agregó. El ministro consideró que la iniciativa solo incrementaría la actividad de las «mafias criminales» que trafican con personas.

España no era el único que se negó a un reparto obligatorio. Todos los Estados miembro excepto Italia y Grecia lo hicieron en aquel momento. Antes de que el flujo de solicitantes de asilo hacia Europa central aumentase, antes de que acaparasen portadas durantes semanas, antes de Aylan. A finales de junio, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea llegaron a un acuerdo: aceptarían el reparto de 40.000 refugiados llegados a Italia y Grecia, pero de forma voluntaria.

Comparando a los refugiados con «goteras» (julio, 2015)

20 de julio de 2015. Cuando llegó la oposición a la cuota correspondiente a España. El ministro del Interior, momentos antes de la cumbre que cerraría el número de personas comprometidas por su país, dejó clara su postura: «Es como si tuviéramos una casa, con muchas goteras, que están inundando diversas habitaciones y en lugar de  taponar esas goteras lo que hacemos es distribuir el agua que cae entre distintas habitaciones», sentenció, sirviéndose de la misma metáfora que el expresidente del gobierno francés, Nicolas Sarkozy, para explicar el reparto de asilados en la UE desde Italia y Grecia.

Cuando llegó el momento de cuadrar cifras, de repartir 40.000 personas entre países que luchaban por disimuir la cuota que les correspondía, el objetivo no se logró. 7.744 se quedaron en el tintero, ningún país se comprometió a acogerlos. La mayor parte, 2.988 personas, había sido asignada por la Comisión a España. El Gobierno español se negó a aceptar este número, con lo que se alineaba a la tendencia de rechazo de países del Este como Hungría o Polonia.

Agosto de 2015. Las imágenes de miles de refugiados caminando por diversos países de la Unión Europea rumbo a Alemania acapararon los medios de comunicación. Las cifras de solicitantes que alcanzaban la costa Griega se disparaban, y las fotografiás de familias enteras sufriendo los golpes de antidisturbios de Macedonia, pasando bajo las concertinas de la valla húngara, cruzando Serbia en un tren atestado de gente, comenzaron a calar en la opinión pública.

La Comisión mantenía su propuesta inicial, la reubicación de 40.000 refugiados desde Italia y Grecia que ya empezaba a verse desfasada con las nuevas cifras de llegadas a Grecia que alcanzaban los cientos de miles de personas. Pero España seguía negándose a las cuota que le correspondía.

«La capacidad de acogida está muy saturada»

30 de agosto de 2015. Días antes de cambiar su discurso y lanzar un amable «no importan las cifras, importan las personas», la vicepresidenta del Gobierno declaró en una entrevista a la Cadena SER que su Gobierno no estaba dispuesto a acoger a más refugiados reubicados desde otros Estados miembros. «La capacidad de acogida está muy saturada. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo similar al que hacen países como Polonia», explicó la número dos de Mariano Rajoy.

En su opinión, España veía limitada su capacidad de recibir a más refugiados porque nuestro país también se enfrenta al fenómeno de la inmigración irregular. «Damos acogida a ciudadanos inmigrantes en situación irregular en límites que Suecia no conoce, eso hay que tenerlo presente», puntualizó.

El 1 de septiembre, Mariano Rajoy repitió el mismo mensaje que su número dos. «La Comisión Europea había hecho una propuesta, nosotros negociamos y al final tomamos esta decisión, la cifra de 2.749 -lejos de los 5949 que pedía la Comisión Europea-«, aseveró en una rueda de prensa junto a Angela Merkel.

«No importan las cifras, importan las personas»

Pero un día después, el 2 de septiembre de 2015, el cuerpo sin vida del pequeño Aylan Kurdi, de tres años, apareció tumbado en la orilla de una playa turca. Su imagen se convirtió en símbolo de los efectos de una crisis humanitaria a la que la Unión Europea todavía no había dado un conato de respuesta. La fotografía supuso un antes y un después.

La Comisión Europea lanzó un nuevo plan de reubicación: la distribución de 120.000 refugiados desde Italia, Grecia y Hungría a los diferentes estados miembros. España entonces dijo «sí». « España asumirá la cifra de refugiados que establezca la Comisión Europea sin reticencias», afirmó la vicepresidenta del Gobierno cinco días después de asegurar que la capacidad de acogida española estaba «saturada».

«No voy a discutir de cifras con la que está cayendo», respondió Mariano Rajoy el nueve de septiembre.

No aceptaron la cifra total

Aun cuando el Gobierno hablaba de «no regatear cifras» y se comprometió a aceptar lo estipulado por Bruselas, el Ejectuvo de Rajoy no aprobó el número total de refugiados propuesto por la Comisión Europea. Según confirmaron fuentes de Presidencia, España recibirá 17.680 refugiados. De ellos, 16.231 serían reubicados desde otros estados miembros de la UE.

El resto forman parte del programa de reasentamiento desde campos cercanos a Siria. Sin embargo, Bruselas, para hacer frente a la crisis actual, pidió la recepción de un total de 19.219 de reubicados. Aunque el Ejecutivo ha aceptado la cantidad completa de refugiados del último plan de la institución comunitaria relativo a la reubicación de 120.000 personas, no recula en su decisión de rebajar los cupos solicitados en el programa de reparto lanzado antes de verano.

Devoluciones en Melilla y el bloqueo de sirios en Marruecos

Además del programa de reubicación de refugiados, el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido muy criticado por ONG y organismos internacionales en cuanto a su política de migración, que repercute de forma directa en el acceso de asilo de potenciales refugiados que llegan a Ceuta y Melilla. Su reforma de la Ley de Extranjería reguló en la normativa española las devoluciones en calientes en las fronteras de las ciudades autónomas. A través de la figura del «rechazo en frontera», trataba de legitimar las expulsiones colectivas de migrantes que tratan de saltar las vallas, lo que les niega de facto su derecho al asilo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Consejo de Europa.

Paralelamente a los trámites de esta medida, aprobada en marzo, inauguró las oficinas de asilo en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. Su objetivo era la tramitación de solicitudes de asilo en frontera, lo que podría abrir una vía legal para solicitar protección. Sin embargo, según los datos de Acnur, solo acceden a estos puestos las personas de origen sirio. Los subsaharianos no pueden acercarse.

Además, en la actualidad cientos de sirios continúan bloqueados a las puertas de Melilla, malviviendo en la ciudad de Nador, en su intento frustrado de acceder a la oficina de asilo de la frontera. Los potenciales refugiados solo pueden pedir asilo si logran sortear el control marroquí, que les bloque el paso cada día, como comprobó eldiario.es. Según ONG como Prodein, Marruecos solo permite el paso de cerca de 20 o 30 personas cada día, una cifra que correspondería al total de personas que son trasladadas del saturado Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a la Península. La organización local considera que se trata de un sistema pactado con Marruecos, en el marco de su cooperación fronteriza.