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Han tenido que pasar largos meses de presión por parte de España, la invasión rusa de Ucrania, el repetido chantaje de Vladímir Putin con el suministro de gas y, sobre todo, una disparatada escalada de los precios de la electricidad en todo el continente para que, finalmente, la Comisión Europea haya asumido que la situación del mercado energético europeo es insostenible. La presidenta del organismo comunitario, Ursula von der Leyen, se rindió este lunes a la evidencia y anunció: “Necesitamos un instrumento de emergencia que sería activado muy rápidamente, quizá en cuestión de semanas”. Von der Leyen reconoce, año y medio después de que lo plantease el Gobierno de Pedro Sánchez, que “en la actualidad, el gas domina el precio del mercado de la electricidad y con estos precios exorbitantes, tenemos que desacoplarlo”. Esa propuesta llegó a la UE a través de la ministra Teresa Ribera pero fue rechazada punto por punto a finales de 2021 por la Agencia Europea de Reguladores (ACER). Los datos en España han marcado este agosto el precio más alto de la electricidad en la historia pero, aun así, se sitúan muy por debajo de la media europea. La inflación, muy influida por la energía, dio ayer los primeros indicios de empezar un leve descenso.
No era España quien tenía un problema particular sino Europa la que se adentraba en una circunstancia atípica que requería una reforma urgente. La lentitud de Bruselas, la desfavorable evolución climatológica y una inflación desbocada han agravado el deterioro de un mercado energético que resulta ya indefendible desde casi cualquier punto de vista. El encarecimiento del gas, la electricidad y los combustibles acentúa el riesgo social de pobreza energética, que ya antes de la crisis actual amenazaba a 34 millones de europeos. Y la especulación en los mercados financieros tiene un papel no desdeñable en esa coyuntura. Desde el punto de vista industrial, también es real el riesgo de que un tercio de las empresas alemanas tengan que frenar la producción en otoño, con un efecto de arrastre en las cadenas de suministro de todo el continente, mientras que, finalmente, desde el ángulo económico ya nadie descarta una posible recesión en la eurozona, aunque no necesariamente prolongada.
La arriesgada y fallida apuesta de la Comisión hasta ahora era que se trataba de una crisis temporal y que, por tanto, no merecía la pena embarcarse en cambios de gran calado. Pero el error de cálculo resultaba evidente ya a finales de 2021, cuando los precios apuntaban claramente al alza a largo plazo y Moscú daba señales de su ofensiva energética, dejando sus almacenes de gas en la UE a medio llenar. La entrada de los tanques rusos en Ucrania el 24 de febrero confirmó que la UE afrontaba los riesgos asociados a un conflicto en suelo europeo, además de una drástica ruptura con su principal suministrador de gas y petróleo. Bruselas se había conformado hasta ahora con recomendar a los gobiernos que adoptasen medidas paliativas para aliviar el impacto de la escalada de precios de la energía sobre las familias más pobres o sobre las empresas más dependientes del consumo energético. Esa receta ha dejado ya una factura de 280.000 millones de euros a los Estados europeos, lo que muestra que la situación también resulta insostenible desde el punto de vista presupuestario.
El plan de ahorro que lanzó la Comisión acertaba al buscar la reducción en un 15% del consumo de gas pero su efectividad ha sido insuficiente ante la magnitud de la crisis que se cierne sobre Europa. Se hace imprescindible una reforma del mercado energético que preserve las cualidades del modelo vigente y elimine, al menos temporalmente, los rasgos que están permitiendo al gas de Putin empujar el precio de la electricidad hasta cotas insoportables para millones de hogares y miles de empresas. La llamada excepción ibérica para poner un tope al precio del gas, que el Gobierno de Sánchez y el portugués de António Costa arrancaron con tantas dificultades, incluida la silla que dejó vacía Sánchez en la cumbre de marzo, puede servir como modelo de intervención coyuntural frente a un problema que afecta a todo el continente y, en particular, a Alemania y a Francia. Teresa Ribera defenderá la extensión del modelo durante la reunión extraordinaria de ministros de Energía de la UE convocada para el 9 de septiembre.
Pero, además de medidas de emergencia, la UE debe abordar una reforma en profundidad del funcionamiento del mercado del gas y de la electricidad porque los reguladores ya pronostican precios muy elevados al menos hasta 2024. La progresiva integración de los mercados de electricidad ha redundado en sustanciales beneficios para los consumidores pero, como reconocía la ACER en julio, el mercado “no está diseñado para una situación de emergencia” como la provocada por la escalada de los precios del gas. Entre los cambios deseables figura la fijación de topes al precio de importación de gas para mitigar la volatilidad del mercado, tal y como ha recomendado recientemente la misma Agencia, así como la imposición de más transparencia en los contratos a largo plazo de los operadores. La mejora de las interconexiones, que Berlín y Madrid patrocinan y Francia se resiste a permitir en aras de un nacionalismo económico mal entendido, destinado a proteger su industria nuclear, serían de gran ayuda. También en el mercado de la electricidad, la UE contempla ya la posibilidad de introducir la llamada “válvula de alivio”, un mecanismo que fija por adelantado las condiciones en que podría limitarse temporalmente la tarifa del suministro para capear repuntes acelerados y prolongados en los precios mayoristas. En todo caso, la reacción de Bruselas ratifica que seguir esperando a que escampe sería irresponsable, temerario y suicida económica y socialmente.
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