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Hasta 31 oficios, todos ellos ligados a la construcción, se van a incorporar de inmediato al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, el listado oficial de los perfiles profesionales que no cuentan con mano de obra suficiente en España. Desde hace años, ese catálogo no respondía a la realidad del país. La pretensión es que las empresas puedan contratar en el extranjero a miles de albañiles, capataces, encargados de obra, montadores… para puestos vacantes en un sector prioritario en los proyectos del Plan de Recuperación dotado con fondos europeos,en concreto los dependientes del Ministerio de Transportes sobre movilidad sostenible y rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en busca de mayor eficiencia energética.
Las organizaciones empresariales del sector alertaban en abril de que la alarmante falta de mano de obra cualificada en la construcción podría amenazar la eficiente ejecución de los fondos de la UE. El número mínimo de personas que se deberían incorporar al mercado laboral para vacantes de difícil cobertura se estima en unas 62.000. No hay que repetir los errores de la burbuja, cuando el empleo en la construcción creció exponencialmente para luego ver cómo se destruían hasta 3,8 millones de puestos en ese sector en la crisis de 2008. El Ministerio de Migraciones, promotor de la iniciativa con Transportes, incide en que se financiarán ámbitos de clara proyección futura. Datos de la UE apuntan que el empleo en la construcción en España, situado en la actualidad en la cifra más alta de los últimos 11 años, pero con la mitad de obreros que antes del estallido de la crisis en 2008, crecerá en esta década un 19,8%.
La medida, consecuencia de la reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor en agosto con el objetivo de incorporar a miles de trabajadores foráneos, debe servir para avanzar en la solución de las distorsiones que el mercado laboral presenta en relación con los inmigrantes. Asegurar que la cualificación de los contratados responda a los perfiles necesarios resultará tan importante como la protección de los intereses de los trabajadores en su conjunto y la garantía de la equiparación de condiciones entre unos y otros. Como ocurrió con la reforma del reglamento, los sindicatos ya han adelantado su oposición al nuevo cambio, a pesar de que las propias centrales reconocen la carencia de mano de obra cualificada en la construcción.
Contratar a miles de trabajadores en el exterior en un país con un 12,6% de paro, según la EPA del tercer trimestre, y 42.200 desempleados de nacionalidad extranjera solo en la construcción —EPA, segundo trimestre— puede despertar reticencias, pero contribuirá a adecuar el derecho a la movilidad de los seres humanos y la política migratoria con las necesidades económicas de España, y a la vez, facilitar la integración de unos inmigrantes que forman parte del tejido social de la nación.
EL PAIS EDITORIAL
FOTO: Trabajadores pakistaníes en una obra en construcción en Dubái. Crédito: S. Irfan Ahmed / IPS
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