23 febrero 2024

La aceleración de los proyectos compromete a todas las partes involucradas, tanto empresas como administraciones

En los últimos días, Gobierno y comunidades autónomas han resuelto —de forma positiva o negativa— decenas de declaraciones de impacto ambiental que llevaban meses atascadas en la telaraña burocrática y que tenían en el aire, aproximadamente, 80.000 MW de proyectos de energías renovables —eólica y, sobre todo, solar fotovoltaica—, lo que hacía peligrar su viabilidad. El ritmo se ha acelerado de forma notable desde el aviso de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que no habría una nueva prórroga del actual plazo del 25 de enero (tras las dos concedidas ya) y que, por tanto, quienes no obtuvieran el visto bueno antes de esa fecha perderían sus derechos de conexión y acceso a la red que ha de concederles Red Eléctrica de España (REE). Aun así, hay comunidades autónomas que siguen siendo excesivamente lentas en esta tramitación, lo que pone en riesgo el despliegue de estas plantas. De no acelerar aún más en estas resoluciones, el riesgo también es mayúsculo desde el punto de vista jurídico: muchos de los promotores a los que la lentitud de una Administración escasa de recursos para resolver los expedientes sigue sin dar respuesta amagan con litigar cuando venza el plazo. Eso retrasaría todavía más el proceso, cuando lo que se necesita es máxima agilidad en la puesta en marcha de las plantas renovables.

La crisis climática exige apostar de forma clara y decidida por las energías limpias. La ansiada autonomía estratégica europea no podrá ser una realidad sin que los Veintisiete se liberen de la pesada losa que supone su dependencia energética, máxime cuando se trata de gas, petróleo y carbón. No solo sería una buena noticia en lo ambiental sino también en lo económico: la importación de combustibles fósiles es la mayor carga para la hoy deficitaria balanza comercial comunitaria.

Para que la transición ecológica, con las renovables como uno de sus ejes, sea exitosa es fundamental simplificar y agilizar los trámites con el compromiso activo de todas las administraciones, tanto del ministerio como de las comunidades, y del resto de agentes implicados. Todo esto debe hacerse, además, sin menoscabo de las garantías de protección ambiental. Sería una contradicción que para agilizar el despliegue de renovables se rebajaran las exigencias ambientales, puerta que abre, sin embargo, el Reglamento de la UE de diciembre que fija un marco para acelerar ese despliegue. Para que la transición sea masiva y rápida, ha de realizarse con acuerdos con los territorios afectados, haciéndoles partícipes del proyecto, sus beneficios y cobeneficios desde el primer momento. Esto pasa, y es otro de los elementos clave, por que las empresas articulen procesos de negociación y acuerdos con esos territorios, maximicen sus políticas de transparencia y denuncien cualquier mala práctica que pueda comprometer el prestigio del sector.

Finalmente, no debe olvidarse que, junto al despliegue de estas instalaciones de la eólica —que en los últimos tiempos ha frenado su ritmo pese a ser más importante que nunca— y la fotovoltaica, es imprescindible favorecer las infraestructuras de autoconsumo, entre ellas, y por su especial relevancia, las comunidades energéticas. Las últimas modificaciones del Gobierno mediante el Real Decreto 244/2019 que permite ampliar el radio del autoconsumo compartido de 500 metros a dos kilómetros, como hacen otros países, es un paso en esa dirección, si bien queda pendiente una trasposición rápida y ambiciosa de las directivas comunitarias dirigidas a acelerar esas mismas comunidades energéticas

EL PAIS

 

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