Una estudiante de la UGR denuncia acoso durante su discurso tras recibir un premio
La joven señaló que debe «ir a trabajar cada día al lugar donde trabaja la persona denunciada sin ningún tipo de medida de protección»
Una estudiante de doctorado de la Universidad de Granada (UGR) ha aprovechado su intervención tras recibir un premio del Consejo Social de la UGR a los mejores expedientes académicos para señalar que hace diez meses denunció haber sido víctima de acoso sin que hasta el momento se haya resuelto «nada».
«Esto me obliga a ir a trabajar cada día al lugar donde trabaja la persona denunciada sin ningún tipo de medida de protección a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual», ha asegurado la joven, quien ha sostenido que «el esfuerzo» de la Universidad de Granada por «resolver y prevenir los casos de acoso es insuficiente».
«Me gustaría usar el micrófono que se me ha ofrecido para poner sobre la mesa un asunto tan relevante como es la violencia que sufren las mujeres en nuestra universidad», ha dicho durante su intervención en el acto, en el que se encontraba la rectora de la UGR, Pilar Aranda, y que se pudo seguir por streaming. «No somos un número sino personas con nombre y apellidos, trabajo, familia y cuya salud mental se ve perjudicada», ha recalcado.
Ha asegurado que le hubiera gustado comentar su caso con el Rectorado, pero sus solicitudes para una reunión han sido «ignoradas», abogando por que, al igual que se trabaja para que la UGR se encuentre en los primeros puestos del ranking de producción científica, también se haga un esfuerzo para que «no ocupe los primeros ranking de acoso porque para hacer ciencia necesitamos espacios seguros», ha expuesto.
«Al sufrimiento de haber vivido un hecho así», esta estudiante de la Universidad de Granada ha sumado «la poca sensibilidad» por parte de los trabajadores que están «en primera línea» atendiendo a las víctimas junto al «silencio o no respuesta que ofrece la Universidad ante estas problemáticas». «El silencio nos hace cómplices», ha concluido la joven recibiendo un fuerte aplauso por parte de los asistentes.
La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha tenido una intervención posterior en la que no se ha referido al caso concreto expuesto por esta joven aunque ha señalado que esta es una universidad «donde se cumple la ley». «Somos un sistema garantista, no somos una república bananera, la normativa está para cumplirla y sigue unos procedimientos y unos determinados plazos», ha argumentado.
Expediente disciplinario
La Universidad de Granada inició un procedimiento de información reservada para valorar si en el contenido de la denuncia por supuesto acoso «concurrían indicios que pudieran resultar en una infracción disciplinaria». Tras valorar ese informe, abrió un expediente disciplinario el pasado mes de noviembre.
Así lo han indicado en la tarde de este jueves desde la UGR, después de que la estudiante de doctorado aprovechara su intervención tras recibir un premio del Consejo Social a los mejores expedientes académicos para señalar que hace diez meses denunció haber sido víctima de acoso sin que hasta el momento se haya resuelto «nada».
En este contexto, la UGR es la principal interesada en que, «de demostrarse ciertas, se sancionen las conductas de acoso sexual cometidas por cualquier miembro de la comunidad universitaria». Sin perjuicio de lo anterior, esto debe hacerse «preservando todas las garantías previstas en la ley», han resaltado desde la institución académica.
Los hechos denunciados, han detallado, se han abordado de acuerdo a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, una vez trasladada la denuncia a los órganos competentes, la UGR inició las actuaciones previstas: establecer las medidas oportunas para evitar el contacto entre la parte denunciante y la denunciada, oír a ambas y recabar la información necesaria para proceder a esclarecer los hechos.
La instrucción del mencionado expediente se está llevando a cabo de acuerdo al procedimiento que marca la ley, tanto por el Estatuto Básico del Empleado Público, como por el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos.
Dicho procedimiento de instrucción conlleva elementos como la práctica de diligencias, la formulación de un pliego de cargos, plazos de alegaciones, pruebas que puede solicitar la persona expedientada, práctica de prueba, propuestas de resolución, nuevo plazo de alegaciones y, por último, la correspondiente resolución.
La ley obliga a seguir «un procedimiento garantista», que conlleva el empleo del tiempo necesario para su consecución, dentro del plazo que la ley establece para ello, según ya apuntó la rectora de la UGR, Pilar Aranda, en el citado acto, y que ya atendió a la denunciante «en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia, manteniendo así mismo diferentes conversaciones con el decano de la facultad de Psicología», han detallado desde la institución académica.
Todo ello previo nombramiento de un instructor y del inicio del proceso sancionador en curso. Igualmente, se ha atendido a la denunciante, por parte de los órganos correspondientes, una vez iniciado dicho proceso, en todas aquellas ocasiones en las que ésta ha solicitado información al respecto.
EUROPA PRESS
FOTO: Universidad de Granada | Foto: EP
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