La ONU califica el aborto de derecho humano
La organización condena a un Estado por defender la vida y exige al Gobierno de Perú indemnizar a una mujer a la que no se le permitió abortar hace quince años.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha condenado una decisión tomada por el Gobierno peruano hace quince años. En 2001, Perú no permitió abortar a una mujer después de haberle sido diagnosticada una grave enfermedad a su hijo no nacido. Ahora la ONU recomienda al Gobierno peruano que indemnice a esta mujer, recomendación que el país ha aceptado.
El comité de la ONU ha basado su declaración en la consideración de que el aborto es «un derecho humano» y que, por tanto, el Gobierno peruano habría actuado contra los derechos humanos al no permitir que una mujer acabara con la vida de su hijo. Se trata del mismo comité de la ONU que tiene como presidente de un panel de expertos independientes al embajador de Arabia Saudí, a pesar de los conocidos y continuos atentados de este país contra los derechos humanos.
El caso que ahora ha llegado hasta la ONU fue protagonizado en 2001 por una joven peruana de 17 años que reclamaba su derecho al aborto después de que los médicos de un hospital de Lima diagnosticaran a su hijo anencefalia, una malformación congénita que supone la carencia de parte del cerebro.
Aconsejada por los médicos, la joven quiso abortar al bebé pero la legislación del país no lo permitía. Finalmente tuvo a su hijo que vivió durante cuatro días. En 2005, se presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en nombre de la joven alegando que se habría atentado contra sus derechos al no poder abortar al bebé y que como consecuencia de esta decisión había sufrido una fuerte depresión.
La ONU ha declarado que Perú violó los derechos de esta madre al no permitir que acabara con la vida de su hijo. Derechos recogidos según la organización en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellos, el derecho a la indemnización efectiva, la prohibición a la tortura y trato cruel, inhumano y degradante, el derecho a la vida privada y el derecho a medidas de protección del menor
Es la primera vez que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condena a un Estado por no permitir el aborto. Esta decisión implica la declaración del aborto como un derecho humano, algo que diversas asociaciones pro-abortistas en Perú han aplaudido como un paso adelante en el camino de legalizar el aborto en el país.
Esta declaración de la ONU no sorprende si se tienen en cuenta las recomendaciones de la organización a los Estados en las dos últimas décadas. Sin embargo, el «derecho al aborto» nunca se había expresado de manera categórica hasta ahora.
Lilian Sepúlveda, abogada implicada en el caso, ha mostrado su satisfacción por la decisión de la ONU en declaraciones a la prensa y ha asegurado que es fruto del esfuerzo de los defensores del aborto que han trabajado para que los organismos internacionales aboguen por la legalización del aborto.
En Perú, acabar con la vida de un no nacido está prohibido salvo en el caso de riesgo para la vida de la madre. El Código Penal peruano, en defensa del derecho a vivir de los niños no nacidos, recoge el aborto como un delito condenado con pena de cárcel, aunque esta pena nunca llega a aplicarse.
Aprovechan el zika para pedir legalizar el aborto
La ONU ha criticado en las últimas semanas y a raíz del virus del zika que algunos países en América Latina afectados por el virus recomienden a las mujeres no quedar embarazadas en vez de garantizar su acceso al aborto. La organización ha pedido a los gobiernos de los países afectados por el virus del Zika que garanticen a las mujeres el acceso a anticonceptivos, a la píldora del día después y al aborto.
Asimismo, la ONU pidió que quedaran sin efecto las normas y medidas que restringen «el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva», es decir, aquellas que no permiten el aborto salvo supuestos y las que limitan el acceso a los anticonceptivos y la píldora del día después.
La organización aprovechó la extensión del zika para arremeter contra aquellos países en los que «los servicios de salud sexual y reproductiva son criminalizados, o simplemente inexistentes»
