Curso 2025-2026: Un mapa desigual: cuánto invierte cada autonomía por alumno y quién garantiza plazas gratuitas de 0-3

España llega al curso 2025-2026 con dos velocidades: donde hay alto gasto por alumno y gratuidad efectiva del 0-3, las escuelas ofrecen más refuerzo y las familias notan menos fricción. Donde la inversión por estudiante es baja y la gratuidad se basa en bonos, el acceso depende más del código postal y del papeleo. La universalización real —la que llega a la puerta del centro y a la factura de fin de mes— aún es una tarea por completar.

El nuevo curso arranca con un sistema educativo que, pese a los avances, sigue fragmentado por líneas autonómicas: hay grandes diferencias en el gasto público por alumno y en la oferta —y el modelo— de plazas gratuitas de 0 a 3 años. Esa brecha territorial no es un matiz contable: condiciona la equidad, la calidad y la conciliación de miles de familias.

El gasto medio por alumno en España ronda los 6.600 euros, según fuentes del Ministerio de Educación, pero no todas las autonomías invierten lo mismo. En un extremo, comunidades como País Vasco o Navarra superan con holgura la media nacional, mientras que otras regiones del sur y este del país se mantienen en cifras bastante más ajustadas.

Esta disparidad no solo afecta a las enseñanzas obligatorias, también a la universidad. En los campus vascos y madrileños, por ejemplo, la inversión pública por alumno universitario casi dobla la de algunas comunidades más pequeñas.

Los últimos datos consolidados comparables por comunidades (no universitario) muestran una distancia persistente entre la cabeza y la cola del país. El País Vasco encabeza el gasto por estudiante —en torno a 10.200 € por alumno—, mientras que regiones como Murcia y Madrid se sitúan en la parte baja del ránking, alrededor de los 6.000 € por alumno. La horquilla supera así los 4.000 € por estudiante, una diferencia suficiente para marcar ritmos distintos en plantillas, desdobles, refuerzos o infraestructuras.

El patrón se repite cuando se observa la financiación por alumno en la enseñanza obligatoria: Madrid figura como una de las autonomías con menor esfuerzo relativo, un dato que se ha convertido en combustible del debate político sobre el modelo de provisión y la cooperación público-privada. Cabe destacar también que as cifras más recientes por CCAA llegan con rezago estadístico y se basan en presupuestos liquidados. Por eso aquí se usan los últimos datos comparables disponibles; sin embargo, las posiciones relativas llevan años mostrando el mismo dibujo: País Vasco y Navarra arriba; Madrid y Murcia, abajo.

Si el gasto educativo revela diferencias, la situación de la educación infantil temprana (0-3 años) dibuja un mosaico aún más desigual.

Algunas autonomías se han convertido en pioneras. Galicia, Castilla y León, Asturias o la Comunidad de Madrid ya garantizan la gratuidad de estas etapas en su red pública, en algunos casos también extendida a centros concertados. La Xunta fue de las primeras en declarar gratuito todo el ciclo 0-3 y Madrid presume de tasas de escolarización infantil entre las más altas del país.

Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España, asegura que España tiene una alta tasa (más del 55%) de niños y niñas menores de 3 años que asisten a un centro educativo, y con un importante incremento en los últimos años, así que el problema no se plantea en términos de tasa general, sino en otros como la gratuidad y el acceso a la educación infantil de los hogares con menores ingresos.

El Plan Estatal de implementación de la Garantía Infantil Europea se plantea como meta la universalización de la educación infantil de primer ciclo empezando por los niños y niñas de hogares con menor renta y otros grupos vulnerables. Aun así, el acceso gratuito en el 20% de hogares de menor renta es del 60% con datos de 2024, y el 40% restante paga una parte o la totalidad del costo, cifra que asciende al 55% en el siguiente nivel de renta (del 20 al 40%), según datos de UNICEF España.

González-Bueno destaca que la prioridad en el acceso y la gratuidad para los niños y niñas en hogares de menor renta tiene sentido en varios aspectos: uno es que los beneficios educativos comparados de asistir a la educación de 0 a 3 años son mayores con para niños con menores niveles de renta, otro es la posibilidad de acceso de los progenitores al mercado de empleo o la formación, especialmente de las mujeres, con lo cual es una herramienta potencial contra la pobreza infantil.

• • Gratuidad universal (red pública y/o privada adherida). Galicia ofrece gratuidad para todo el 0-3 con independencia de la titularidad del centro (autonómico, municipal, privado o de iniciativa social) mediante una bonificación del 100% de la atención educativa —con límite de horas—. Castilla y León culminó la gratuidad total del 0-3 en 2024-25 en centros públicos, municipales y privados autorizados. Asturias ha desplegado una red autonómica 0-3 completamente pública y gratuita. Navarra la implantó en su red pública desde 2024-25. La Rioja y Cantabria han anunciado gratuidad amplia en sus redes, con matices según titularidad.
• • Gratuidad parcial o por tramos. Cataluña mantiene la gratuidad en 2-3 en escuelas públicas y prevé extenderla a 0-1 y 1-2. Extremadura cubre 2-3 y la amplía gradualmente a 1-2. Castilla-La Mancha arranca por 2-3 en municipios pequeños y la irá extendiendo a localidades mayores. Aragón la garantiza en 2-3 en centros públicos; en la red del Gobierno autonómico es gratuita en todo el 0-3, pero es minoritaria. Baleares financia gratuidad de cuatro horas diarias en escoletas públicas y concertadas. Canarias combina nuevas plazas públicas con bonos a familias.
• • Modelo de ayudas generalizadas. Andalucía bonifica plazas en colaboración público-privada (con gratuidad total para buena parte del alumnado de 2 años y plan de extensión por etapas), mientras Madrid hace gratuita la red pública 0-3 y sostiene la red privada mediante becas con criterios de renta. Murcia ofrece 7.650 plazas gratuitas en 2024-25 en una red mixta (pública, concertada y privada). Comunitat Valenciana declaró gratis todo el 0-3 en municipales y privados autorizados desde 2024-25.

Además de las políticas propias, el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia ha financiado 65.000 nuevas plazas públicas de 0-3 entre 2021 y 2023, repartidas por todas las autonomías. Es un impulso relevante, pero no cierra por sí solo la brecha territorial en cobertura.

En medio de esta diversidad, la meta común parece clara: universalizar un tramo educativo que cada vez se percibe más como esencial para la conciliación y para la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Por tanto, y como dice González-Bueno, actualmente los criterios de acceso a la educación infantil pública en cada territorio son dispares, se diferencia entre aquellos que priorizan a los hogares con menores ingresos o mayor vulnerabilidad social, frente a aquellos que priman el trabajo de los padres y madres. Aunque en general conviven ambos criterios, la prioridad por el empleo de ambos progenitores puede atrapar a los padres y madres sin trabajo (y normalmente con muy bajos ingresos) en un círculo vicioso en el que no pueden acceder al empleo por las necesidades de cuidado de los hijos, y por lo tanto continuar en esa situación, y los niños y niñas no beneficiarse de esta etapa educativa fundamental para poder comenzar la educación obligatoria en la mismas condiciones que sus compañeros y compañeras.

• ○ Navarra arranca el nuevo curso con un 67,8 % de escolarización en la red pública, y lidera en cobertura del tramo 0-3: por primera vez, el 50,09 % de los niños están matriculados en centros públicos, gracias a la creación de 1.400 plazas nuevas en 106 escuelas infantiles repartidas en 95 municipios. También se incorporan mejoras en ratios, transporte, comedores y programas de inclusión educativa.
• ○ Castilla-La Mancha suma más de 3.000 nuevas plazas de 0-3 años gratuitas, junto al refuerzo de profesorado (530 docentes más), nuevas rutas escolares, comedores y un ambicioso plan de infraestructuras, con diez nuevos centros previstos y numerosas ayudas económicas para estudiantes.
• ○ La Región de Murcia amplía su oferta educativa hasta más de 8 650 plazas gratuitas en el ciclo 0-3 años, lo que representa un incremento de 1.000 plazas respecto al curso anterior. Esta cifra marca un salto cuantitativo desde las apenas 600 disponibles en 2022-2023, incorporando plazas en escuelas municipales, centros públicos, concertados y privados. La expansión considera criterios geográficos y busca garantizar acceso accesible en toda la región.
• ○ En Andalucía se han adjudicado 85.877 plazas en el primer ciclo de Infantil, con 1 240 más que el curso anterior. Además, los 2 años pasan a ser completamente gratuitos en todos los centros de la red pública y en los adheridos al programa de ayudas. La Junta prevé extender esa gratuidad progresivamente a todo el ciclo 0-3 en seis años.
• ○ Castilla y León ofrece 13.737 plazas gratuitas de 0-3 años para este curso: 5 659 para 2-3 años, 5 097 para 1-2 años y 2 981 para bebés de 0-1 año.

El nivel de gasto por alumno no garantiza automáticamente mejores calificaciones, pero sí sostiene plantillas más estables, programas de refuerzo y atención temprana, claves en los entornos más vulnerables. Las comunidades que invierten menos parten con desventaja: tienen menos margen para reducir ratios, reforzar la orientación o modernizar equipamientos. Cuando a esta menor inversión se suma un modelo basado en ayudas indirectas —como cheques o bonos— en lugar de plazas públicas, la equidad depende en gran medida de cómo se diseñen los baremos de renta y de la oferta real de centros en cada municipio.

Asimismo, la gratuidad en el tramo 0-3 años dispara la escolarización y facilita la reincorporación de las madres al mercado laboral. Sin embargo, no todos los territorios garantizan las mismas condiciones. En algunas comunidades las familias cuentan con una plaza pública gratuita cerca de casa, mientras que en otras solo acceden a una ayuda parcial para una escuela privada, con listas de espera o copagos añadidos. Allí donde la gratuidad es universal —como en Galicia, Castilla y León, Navarra o Asturias— la barrera económica prácticamente desaparece. En cambio, los modelos de bono mantienen la carga administrativa y la obligación de adelantar costes sobre las familias.

Por otro lado, la combinación de la expansión de plazas públicas y la caída de la natalidad ha impactado de lleno en el sector privado de 0-3 años: según datos de las patronales, una de cada cuatro escuelas infantiles privadas ha cerrado en los últimos cinco años. Este escenario obliga a repensar la planificación para evitar desiertos de oferta en barrios o pequeños municipios donde la red pública aún no llega con suficiente cobertura.

Noelia García Palomares

CUADERNOS DE PEDAGOGÍA

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