El descontento de los andaluces con los servicios públicos se mide en las urnas

Entre muchos pasajes, el retrovisor proyecta en la casi concluida XII Legislatura, la primera que gobierna con mayoría absoluta el PP de la larga historia autonómica andaluza, 34 leyes, mucha confrontación con el Gobierno de España, la nunca antes vista propaganda institucional, con el altavoz de la inmensa mayoría de medios afines, acciones beneficiosas y disparates. Pero con nitidez, el espejo recoge la protesta ciudadana por el mal funcionamiento de los servicios públicos.

Moreno, aunque quieran olvidarlo, fue aventajado pionero en España de entenderse con la extrema derecha, radical

Es la sanidad el paradigma de todos ellos, y no solo porque hablamos de vidas, también porque sus promesas, luego incumplidas, auparon a Juan Manuel Moreno a la presidencia de la Junta, en un vuelco histórico, con la presencia en el gobierno de aquel partido que el PP absorbió, Ciudadanos, y el imprescindible respaldo de la extrema derecha en el Parlamento. Moreno, aunque quieran olvidarlo, fue aventajado pionero en España de entenderse con la extrema derecha, radical.

Pero el maltrecho sistema sanitario público andaluz, debilitado aún más por las privatizaciones, a la cola en valoración ciudadana y en todos los indicadores objetivos (listas de espera, tiempos medios en citas en Atención Primaria o especialistas, tardan en pruebas diagnósticas…) no es el único malestar ciudadano que en las calles han alzado la voz por la deficiente calidad de los servicios públicos.

Como la deplorable gestión de la Dependencia, del grado de discapacidad o el azote a la educación pública, con el que la mayoría absoluta de Moreno, ha castigado durante los ocho años de gobiernos de dura derecha, en la que ha primado sin disimulo a la privada, en todos los estratos, desde la Primaria, ESO, Bachillerato, la FP y, por supuesto, la universitaria.

Son los servicios públicos gravemente deteriorados en Andalucía los que constituyen los pilares básicos del estado de bienestar, los que realmente deben medir la gestión de los gobiernos, desde el convencimiento de sus creadores, la socialdemocracia, que es la forma de garantizar derechos sociales básicos, reducir la desigualdad y elevar la calidad de vida de la población

Son los servicios públicos gravemente deteriorados en Andalucía los que constituyen los pilares básicos del estado de bienestar, los que realmente deben medir la gestión de los gobiernos, desde el convencimiento de sus creadores, la socialdemocracia, que es la forma de garantizar derechos sociales básicos, reducir la desigualdad y elevar la calidad de vida de la población.

Actúan, todos ellos, como un escudo social y una red de seguridad que asegura que las necesidades básicas estén cubiertas, independientemente de la capacidad económica de cada persona.

Porque gestionar un territorio solo para las empresas privadas, grandes fortunas, con rebajas de impuesto a costa de disminuir la inversión en los servicios públicos esenciales, nunca será un buen gobierno para todas y todos, al dejar atrás a los más desfavorecidos. En una Andalucía, a la cabeza de España en pobreza y con las rentas más bajas per cápita.

La peor sanidad de España

Uno de los ejes fundamentales de esta legislatura ha sido la sanidad pública. Debilitada de la anterior legislatura, cuando el gobierno de derechas cimentó su degradación y comenzó a ampliar conciertos con clínicas privadas o conceder a los profesionales sanitarios que trabajaban también en la privada el plus de exclusividad que solo percibían los sanitarios públicos, a Moreno le estalló en la cara una gestión pésima.

Las listas de espera, pese a los continuos planes de choque, no disminuyen, aumentan. No hay comunidad en España que la supere con las peores ratios: en todas las listas de pacientes que aguadan consulta de especialista, intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas. También en la media para ser atendido en Atención Primaria, con el más reducido gasto per cápita en salud. El Barómetro Sanitario 2025 del CIS arroja que los andaluces son los que peor valoración otorgan a su sanidad.

Los planes de mejora han fracasado, como aquella figura de enfermera de triaje en la Atención Primaria, que, se suponía, iba a clasificar y prioriza la atención de pacientes presenciales según su gravedad. 

Y todo, pese a presumir de inversiones históricas en los presupuestos. El último, vigente para este año, de 16.266 millones. Los planes de mejora han fracasado, como aquella figura de enfermera de triaje en la Atención Primaria, que, se suponía, iba a clasificar y prioriza la atención de pacientes presenciales según su gravedad. 

El malestar ha crecido y se ha dejado notar. Espoleado por plataformas ciudadanas, con profesionales sanitarios, sindicatos -nunca el conservador Sindicato Médico de Andalucía- y partidos de la oposición, que han puesto la diana en el deterioro progresivo de la sanidad pública, lo que ha acorralado en el Parlamento al presidente Moreno y al consejero, o consejera antes, de turno.

La gestión sanitaria ha sido, con datos objetivos, mala, sin norte y con un gobierno absoluto superado. O cómo entonces con “presupuestos históricos” para sanidad ha empeorado y hasta el propio Moreno anunciaba la necesidad de un “reforma en profundidad”, tras ocho años de presidente

La gestión sanitaria ha sido, con datos objetivos, mala, sin norte y con un gobierno absoluto superado

El escándalo de los cribados del cáncer de mama, la peor crisis sanitaria andaluza, se cerró en falso, aunque sigue abierta, con cambio de consejeros, nula explicación, porque aún no se conocen las causas, salvo culpar a los profesionales del Virgen del Rocío de Sevilla, cuántas fueron las finalmente afectadas, cuantas enfermaron por cáncer y cuantas, desgraciadamente, han fallecido por un error de la Junta del PP, que no asumió su responsabilidad, y arremetió con grosería, ordinariez e insultos a la asociación AMAMA, que reveló el error.

La falta de sensibilidad y empatía del nuevo consejero del ramo, Antonio Sanz, hacia AMAMA dejó helada a una ciudadanía, que se solidarizó con las afectadas en una movilización histórica en Sevilla, a las puertas de San Telmo, que se reprodujo en todas las provincias andaluzas

La falta de sensibilidad y empatía del nuevo consejero del ramo, Antonio Sanz, hacia AMAMA dejó helada a una ciudadanía, que se solidarizó con las afectadas en una movilización histórica en Sevilla, a las puertas de San Telmo, que se reprodujo en todas las provincias andaluzas.

Las Junta de derechas, tan sabia (es de reconocer) en cortinas de humo, trató de cerra el caso de los cribados de cáncer de mama, con la acumulación de asuntos, escándalos, polémicas y diatribas de cualquier signo u ámbito, con el escape de la confrontación con el Gobierno de España.

Después de ocho largos años de gobierno absoluto del PP, la insistencia de la derecha de recurrir a “la herencia recibida” no cuela, es cansina, y ya se les vuelven en contra porque en dos legislaturas ya ha tenido tiempo suficiente para mejorar un modelo que se derrumba y solo demuestra incapacidad

Sin embargo, tan profunda herida dejó abierta, a partir de entonces, para tapar el horroroso fallo, del que ahora conocemos que los responsables del Virgen del Rocío, señalados por el presidente y el consejero de Sanidad, advirtieron con antelación al SAS, que nada evitó, Moreno y Sanz emprendieron una especie de huida hacia adelante, para taparlo, con anuncios sanitarios que, como (otra vez) el wifi gratis en hospitales (¿y de la televisión gratuita en las habitaciones, qué?) parecen una pequeña tirita para taponar el profundo sangrado de una sanidad pública andaluza tocada.

Después de ocho largos años de gobierno absoluto del PP, la insistencia de la derecha de recurrir a “la herencia recibida” no cuela, es cansina, y ya se les vuelven en contra porque en dos legislaturas ya ha tenido tiempo suficiente para mejorar un modelo que se derrumba y solo demuestra incapacidad.

La deficiente gestión de la Dependencia

Otro pilar fundamental atascado por una ineficiente gestión del Gobierno de Moreno que, en ocho años, ante el aberrante atasco en la Dependencia, culpa a la “herencia recibida”. ¿Hasta cuándo la excusa inservible?

Cualquier dependiente o familiar sabe el calvario al que se enfrenta en el proceso y, como en sanidad, la ciudadanía no quiere aceptar lo que el Gobierno del PP quiere: acostumbrarse a unas estadísticas y a unas situaciones gravísimas

Cualquier dependiente o familiar sabe el calvario al que se enfrenta en el proceso y, como en sanidad, la ciudadanía no quiere aceptar lo que el Gobierno del PP quiere: acostumbrarse a unas estadísticas y a unas situaciones gravísimas.

Según el Observatorio Estatal para la Dependencia que publica la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, elaborado con datos oficiales hasta el 31 de diciembre de 2025, en Andalucía fallecieron 6.995 personas en lista de espera sin haber llegado a recibir la prestación reconocida por ley.

Andalucía es, según detalla el informe, la segunda comunidad autónoma con mayor tiempo medio de espera para la Dependencia, un «éxito» al abandonar el habitual último puesto que mantiene, sin embargo, en las personas en el limbo, en las listas de espera insoportables. Inadmisibles, cuando se trata de la población más vulnerables.

Los datos han mejorado, sí. Han disminuido las listas, también. Como en otras comunidades autónomas. Entre otras razones, como detallan los informes, por el plan de choque que el Gobierno de España impulsó entre 2021 y 2023, con un incremento de 600 millones de euros, como recuerda el Observatorio, que también lamenta que no se mantenga

Andalucía cerró 2025 con un tiempo medio de espera de 496 días. Es decir, una angustia de 1 año, 4 meses y 11 días. Se defiende la Junta en que es la cifra más baja en 15 años, un conformismo patético y su Decreto de Simplificación Administrativa le ha permitido hacer «cambios sustanciales» para «una mayor agilidad en la tramitación».

Los datos han mejorado, sí. Han disminuido las listas, también. Como en otras comunidades autónomas. Entre otras razones, como detallan los informes, por el plan de choque que el Gobierno de España impulsó entre 2021 y 2023, con un incremento de 600 millones de euros, como recuerda el Observatorio, que también lamenta que no se mantenga.

Pero si llamas al teléfono de información sobre Dependencia en Andalucía, un mensaje grabado te da la bienvenida y te dice que también se puede consultar vía página web o a través de un correo electrónico, unas direcciones que igualmente te detalla. Después te explica que, en función de su consulta, debes marcar distintos números. Marque uno, prosigue la grabación, si su consulta es sobre cómo iniciar el procedimiento; marque dos si va a comunicar cualquier modificación en el expediente; tres, si lo que desea es un cambio de prestación o servicio o cualquier incidencia en la ayuda a domicilio; y, por último, si lo que busca es información acerca del estado de tramitación de su expediente, puede pedir cita previa, telefónica o asistencial, a través de otra página web o unos números que la voz grabada también detalla.

Ni una persona atendiendo el teléfono de ayuda a la Dependencia, solo locuciones. Una gestión despersonalizada e inhumana a la que contesta el Gobierno absoluto del PP que es una mejora en «eficiencia administrativa» para justificarlo y lo enmarca en un «plan de mejora de la calidad en la atención a la ciudadanía». Indescriptible.

Organizaciones de consumidores, sindicatos y partidos de izquierda alzan la voz en un desierto de arrogancia y soberbia, que esconde un fallo garrafal en el sistema de gestión, por el cambio de la herramienta informática, y una carencia de personal

Organizaciones de consumidores, sindicatos y partidos de izquierda alzan la voz en un desierto de arrogancia y soberbia, que esconde un fallo garrafal en el sistema de gestión, por el cambio de la herramienta informática, y una carencia de personal.

Las personas en situación de dependencia, sus familias o allegados -si los tienen- se sienten ahogados por una montaña de pasos y trámites para lograr que eche a andar una maquinaria que va a tardar en ofrecerle una respuesta. Tardar tanto que esa persona que necesita la prestación, un derecho reconocido en España por una ley que a final de 2026 cumplirá veinte años de su aprobación, puede que haya fallecido e incluso llegue a su casa una carta de la Junta después de esa muerte.

La normativa exige que el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días). La Federación de Mayores completa los datos que resumen 2025: Andalucía registra 44.570 personas en lista de espera, 13.760 personas con derecho reconocido sin prestación efectiva y los ya señalados 6.995 fallecidos esperando atención.

Y, como subrayan las organizaciones de mayores, «cuando un derecho llega tarde para miles de personas, deja de ser un logro administrativo y se convierte en una deuda social pendiente»

Y, como subrayan las organizaciones de mayores, «cuando un derecho llega tarde para miles de personas, deja de ser un logro administrativo y se convierte en una deuda social pendiente».

Es también lo que golpea a la valoración de la discapacidad. Disminuyen las listas pero aún muy lejos de la media estatal, con un refuerzo de personal insuficiente. ¿Quién que lo pide no sufre un proceso engorroso, lento, que se eterniza sin respuesta?

Una educación acorralada por las enseñanzas privadas en todos los niveles

Una de las primeras medidas, en el ámbito de la educación, que impulsó el Gobierno de Juan Manuel Moreno fue facilitar la elección de los colegios concertados. Lo hizo a través del decreto de escolarización y supuso toda una declaración de intenciones que, curso a curso, se han consolidado.

Según el sindicato USTEA, desde que gobierna el PP en Andalucía y hasta el pasado año, se habían suprimido 2.402 aulas públicas en la comunidad. Frente a ello, la oferta de la concertada permanece ‘blindada’, como denuncian los sindicatos del ámbito de la educación. El Gobierno andaluz viene justificando este recorte en el descenso de la natalidad. Una realidad que, como ha venido reclamando la comunidad educativa, debería aprovecharse para bajar la ratio en las aulas, no para cerrarlas. 

En los colegios e institutos andaluces faltan docentes y faltan profesionales de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo; también personal administrativo. Y todo ello merma la calidad de la educación pública en Andalucía. Las protestas en los dos últimos cursos han sido generalizadas. 

La irrupción de las enseñanzas privadas tocan de lleno a la Formación Profesional, una de las principales vías de acceso al mercado de trabajo y de mejora de la empleabilidad de los jóvenes. Un reciente estudio de CCOO analiza los datos en esta etapa. «La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud», es el revelador título de ese estudio del sindicato CCOO. Según este informe, desde el curso 2018/2019 hasta el 2024/2025, el alumnado matriculado en centros públicos se incrementó un 28,9 por ciento; en la privada fue del 66,5 por ciento. «La FP en línea se ha convertido en una puerta de entrada a la privatización de la enseñanza», advierte el sindicato.

Donde el Gobierno de Moreno ha puesto una «alfombra roja» a la privada ha sido en las universidades. No lo afirma este diario ni es una crítica que haya surgido de los partidos de izquierda. Son palabras que pronunciaron los rectores de las universidades públicas de Andalucía

Y, donde el Gobierno andaluz de Moreno ha puesto una «alfombra roja» a la privada ha sido en las universidades. No lo afirma este diario ni es una crítica que haya surgido de los partidos de izquierda. Son palabras que pronunciaron los rectores de las universidades públicas de Andalucía tras la aprobación por parte de la Junta de hasta siete universidades privadas con un listón no tan exigente como el que se coloca a las públicas. 

La Junta de Andalucía encajó muy mal esas críticas y, en lugar de apaciguar las aguas con los rectores, optó por abrir un enfrentamiento abierto. En la línea de de Moreno, que se esfuerza en proyectar la imagen de moderado que tanto ha trabajado desde que llegó a la Presidencia de la Junta, fue su consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos -que fue rector en Córdoba-, quien se enfrentó con dureza a los representantes de las universidades públicas. Les acusó de «mentira, manipulación y tergiversación». Les llegó a acusar de «afinidad política» con el PSOE. 

La «estrategia privatizadora» denunciada por los rectores quedó evidenciada al denegar a la Universidad de Granada títulos estratégicos que sí se autorizaron a instituciones académicas privadas. Ocurrió con las titulaciones en Inteligencia Artificial y Biomedicina. Todo un escándalo, sobre todo en lo referido al grado en Inteligencia Artificial, una titulación estratégica para Granada, que provocó indignación y estupor en el seno de la UGR.

La Junta de Andalucía, que exprimió al máximo para atizar al Gobierno de España que no eligiera a Granada para sede de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial pese a su potencial, rechazó la titulación por motivos no entendidos. La autorización llegó, a través de una decisión «excepcional e inédita» del Consejo de Universidades estatal, pero el varapalo ha retrasado un curso su puesta en funcionamiento. Tan incomprensible fue la decisión de la Junta, que hasta el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, mostró públicamente su indignación. El Campus de la UGR en Melilla acogerá estas enseñanzas.  

La polémica decisión se repite. Ahora, la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía ha vuelto a rechazar otra titulación estratégica para la UGR. Esta vez vinculada al acelerador de partículas.