‘La vivienda como tumba del contrato social’ por Agustín Martínez

Un artículo de Agustín Martínez en el que, con claridad y contundencia, aborda el impacto social del problema de la vivienda.

Lo vivido esta semana en el Congreso de los Diputados no ha sido un debate parlamentario más; ha sido la escenificación de una ruptura definitiva. Al rechazar la prórroga de los contratos de alquiler para aquellos más vulnerables, la clase política española no solo ha votado en contra de una medida técnica; ha firmado el acta de defunción de la confianza de millones de ciudadanos en sus instituciones.

Estamos ante una parálisis sistémica que ha convertido un derecho constitucional en un objeto de lujo inaccesible, transformando la democracia en un escaparate vacío donde se discute sobre el sexo de los ángeles mientras la realidad material de la gente se desintegra.

La incapacidad del Estado para intervenir de manera eficaz en el mercado inmobiliario no es un accidente de gestión, es una decisión política continuada. Durante décadas, se ha permitido que el suelo y el techo se conviertan en activos financieros en lugar de infraestructuras vitales. Esta dejadez ha culminado en lo que el profesor Gregorio Cámara define con una lucidez devastadora:

”Esta es una de las más grandes traiciones de la clase política con el Estado social y democrático de derecho que surge del pacto social-democrático de la posguerra mundial. Y no se salva nadie, por permitir que la vivienda, uno de los elementos más básicos para las personas y las familias, estén en manos de buitres y sin ninguna cortapisa; que no haya planes y programas claros; ni tampoco proyectos para cubrir necesidades».

Esta reflexión de Cámara da en el clavo de la herida. No estamos ante un problema de «falta de oferta» o de «inseguridad jurídica» para los propietarios, como repiten los mantras neoliberales. Estamos ante la negación del carácter normativo de la Constitución, cuyo artículo 47, que reconoce el derecho a una vivienda digna y mandata a los poderes públicos a impedir la especulación, se ha convertido en poesía muerta. Cuando el legislativo falla estrepitosamente en proteger el hogar de sus ciudadanos, el Estado deja de ser el garante del bien común para convertirse en el gestor de los intereses de los rentistas.

El fracaso en la política de vivienda no es un compartimento estanco; es la raíz de un colapso demográfico y social sin precedentes. No se puede pedir a una generación de jóvenes que se emancipe, que cree proyectos de vida o que aumente el índice de natalidad si el 60% de su salario neto debe ir destinado a pagar un techo ajeno.

La vivienda se ha convertido en el principal mecanismo de transferencia de rentas de las clases trabajadoras a las clases propietarias y fondos de inversión. Es una succión de riqueza que asfixia el consumo, impide el ahorro y condena a la juventud a una adolescencia perpetua y precaria. La democracia pierde su sentido cuando el trabajo deja de ser el motor de ascenso social para ser simplemente el medio de pagar un alquiler inflado por algoritmos y especulación.

Resulta obsceno observar el cruce de reproches entre el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Mientras unos se escudan en la invasión de competencias, otros bloquean la aplicación de leyes de vivienda bajo pretextos ideológicos. En este juego de trileros institucionales, el ciudadano es siempre el perdedor.

Este «monumental desaguisado» es el caldo de cultivo perfecto para la desafección. ¿Cómo se le explica a un ciudadano que va a ser desahuciado por un fondo buitre que el sistema democrático funciona? ¿Cómo se justifica la lentitud de la burocracia para construir vivienda pública frente a la rapidez con la que se tramitan licencias para pisos turísticos que devoran los barrios?

A los analistas políticos se les llena la boca hablando del auge de los populismos y de la desafección ciudadana como si fueran virus caídos del cielo. No lo son. Son el resultado lógico de un sistema que ha abandonado su función protectora. Cuando el Estado renuncia a regular el mercado para proteger la dignidad de las personas, la gente busca respuestas fuera de la institucionalidad tradicional.

La política actual se ha convertido en un ejercicio de cinismo donde se finge preocupación en los mítines pero se vota a favor del mercado en los despachos. Lo ocurrido en el Congreso esta semana es la prueba de que el interés de los grandes tenedores -y de una pequeña burguesía rentista que se niega a perder privilegios- pesa más que la estabilidad vital de la mayoría.

Estamos ante un desastre absoluto que atenta contra la base misma de la convivencia. Si la vivienda sigue siendo el botín de guerra de unos pocos, la democracia española terminará por ser solo un decorado para esa «mayoría de corderos» de la que habla Cámara, una mayoría que empieza a estar cansada de ser sacrificada en el altar de la propiedad privada absoluta. El tiempo de las palabras y de las leyes cosméticas se ha agotado; o el Estado recupera su autoridad sobre el suelo, o el contrato social terminará de romperse por la base: el techo bajo el que dormimos.

FOTO: Edificio en un barrio de Granada. M.D.C./archivo

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