«NO CABE DUDA» por Remedios Sánchez
Hay profesiones que sostienen los pilares de una sociedad; entre ellas, la de juez o la de quienes forman parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Por eso, porque nobleza obliga, quienes las ejercen tienen que desempeñarlas conociendo como la palma de su mano la legislación y sus códigos, para luego poder aplicarlos desde la prudencia reflexiva y el respeto por la función primordial que desempeñan y, sobre todo, por la repercusión que cada detalle pueda tener sobre ciudadanía a la que sirven. No son palabras huecas; aquí hablamos de la esencia misma de la confianza que sostiene la convivencia democrática.
En este tiempo en que se ha malversado la fe en demasiadas instancias políticas (y en personas que parecían irreprochables y coherentes con el ideario que proclamaban) se hace imprescindible en todas las demás un grado mayor de saber estar y de saber decir con precisión para evitar aumentar la crispación. La dignidad institucional, en momentos de perturbación, no permite salidas de pata de banco como la que ha protagonizado esta semana el juez Juan Carlos Peinado, responsable de la causa contra Begoña Gómez.
No nos referiremos aquí y ahora al caso que le corresponde instruir porque aún no hay una sentencia judicial, aunque la mediática ya esté más que dictada desde las redes y las tertulias. Tampoco a que le haya retirado el pasaporte a Gómez porque eso entra dentro de sus competencias, guste más o guste menos y esté acorde o no con los delitos que se le presuponen.
Lo preocupante es la fundamentación de esa decisión, la afirmación gravísima de que «no cabe duda» de que los policías que la acompañan, en virtud de ser la esposa del presidente del Gobierno, podrían, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «para facilitar esa fuga». Es decir, que se utiliza una hipótesis propia de un paisano conspiranoico discutiendo con sus amiguetes en la barra del bar (a ver quién dice la absurdez mayor) para justificar una providencia que hace saltar por los aires la honorabilidad y buen hacer de todo un cuerpo.
Precisamente el verdadero peligro está en eso: en normalizar la perversa idea de la corrupción generalizada y en deslegitimar a los garantes de la seguridad de todos los españoles. Hemos pasado de la presunción de inocencia a la determinación rotunda de que todo el mundo es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Y ese camino tiene difícil retorno.
Ahí reside la trascendencia de que el Consejo General del Poder Judicial haya lanzado un aviso a navegantes con la apertura de expediente a un juez que ha preferido ejercer de estrella mediática frente al rigor discreto que caracteriza mayoritariamente a sus compañeros de labor. Aunque se jubile antes de que resuelvan si se le sanciona o no, el gesto era imprescindible porque demuestra que han comprendido que cuestionar la honorabilidad, la ética y la decencia de Policía y Guardia civil es un error colosal.
Un error que, además, únicamente fortalece las tesis delirantes de algunos radicales empeñados en hacer ver que todo está podrido y que no podemos fiarnos ni siquiera de quienes cada día nos protegen y preservan los derechos colectivos. Y esa percepción, en un país que tanto luchó para construir una democracia, resulta inaceptable porque dinamita el basamento nuclear de un Estado de Derecho.
FOTO: El juez Juan Carlos Peinado. / Luis Grañena
