El PP claudica ante la ultraderecha y se compromete, por segunda vez, a derogar la Ley de Memoria Democrática
«Mire, señoría de Vox, sí es una cuestión de humanidad. Si usted se asomara a la fosa de Pico Reja, por ejemplo, que la tiene usted aquí al ‘laíto’, a unos pasos, y hubiera visto la fosa, como la vi yo, y hubiera visto esos cuerpos, esos esqueletos unos encima de otros, muchos de ellos con grilletes, muchos de ellos con el tiro en la cabeza, y esos zapatitos de niños, de bebé a los ‘laos’ o esas gafas al lado de los cuerpos, esos enseres personales de familias completas, estoy convencida que usted no tendría ninguna duda de lo que tenemos que hacer. No existe ninguna duda, y me da igual el motivo, de qué bando sea cada uno, es cuestión de humanidad, hay que recoger esos cuerpos y entregarlos a sus familias para que los puedan enterrar. Y eso ni es de derechas ni de izquierdas, ni de norte ni de sur, es una cuestión de sentido común y de humanidad. Y como seres humanos tenemos que respetar esa memoria, porque somos seres humanos. En esto, señoría, discrepo con usted al cien por cien».
Así se expresaba hace poco más de un año, en comisión parlamentaria, la consejera Patricia del Pozo. Le respondía a un parlamentario de Vox en un debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática en Andalucía, la situación de los Lugares de Memoria y los actos previstos para el 14 de junio, Día en recuerdo de las víctimas del golpe militar y la dictadura. El parlamentario de ultraderecha, con el que ahora el PP ha pactado derogar esa norma, le reprochaba a Del Pozo que siguiera la senda marcada por «socialistas y comunistas».
Patricia del Pozo aseguraba antes del pacto entre PP y Vox que se siente «sumamente cómoda» con la Memoria Democrática, de la que habla en términos de «humanidad»
Las competencias en Memoria Democrática estaban en su Consejería, la de Cultura y Deporte. Y bajo su gestión seguirán en esta nueva legislatura en la que la Consejería se denominará, según la nueva estructura del Gobierno andaluz, de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte. Según aseguró ese día en sede parlamentaria, ella se siente «sumamente cómoda en esta materia» al considerar que el Gobierno andaluz -en ese momento con mayoría absoluta- estaba haciendo «lo correcto» para «cumplir con la gran deuda pendiente en esta materia, que no es otra que la exhumación y entrega de los cuerpos a sus familias». Ha sido ella, como consejera, la que ha llamado a las familias para comunicarles las identificaciones positivas de víctimas exhumadas. Ha ocurrido en Víznar, por ejemplo.
En realidad, la única comodidad que ha demostrado el PP respecto a la Memoria Democrática ha sido autorizando exhumaciones -que se financian con los fondos que está aportando el Gobierno de España, transferidos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias o a la propia comunidad- y llevando a cabo la labor de identificación de los restos que se van recuperando, una tarea encomendada al Laboratorio de Identificación Genética de la UGR, que está colapsado.
Urnas con los restos de cuatro víctimas identificadas tras su exhumación en Víznar. Foto: IndeGranada
Porque el PP, en la práctica, ha frenado la ley. No ha habido inscripción de más Lugares de Memoria, un asunto que se abordó en esa comparecencia precisamente, tampoco otros aspectos importantes como la difusión de la Memoria para que no se olvide y no se repita.
Una dato que evidencia la manera en la que el Gobierno de Moreno ha gestionado este asunto es la aprobación, con tres años de retraso, del II Plan de Memoria Democrática. Fue aprobado en Consejo de Gobierno el 30 de diciembre de 2025. El documento correspondía al periodo 2023-2027. Se aprobó con retraso y no parece su contenido vaya a desplegarse, dadas las exigencias del pacto de gobierno.
En su primera legislatura, para contentar a Vox, cambió el Comisionado de la Memoria por un Comisionado para la Concordia, pero no derogó la ley
Moreno ha nadado entre dos aguas, según le ha convenido, desde que llegó en 2019 al Gobierno de Andalucía. Lo hizo entonces, como ahora, gracias a Vox. Aunque la diferencia es sustancial. Entonces, como es conocido, el PP obtuvo el peor resultado de su historia en Andalucía. Logró gobernar porque el bloque PP-Ciudadanos-Vox sumaba mayoría. Moreno formó gobierno con Ciudadanos, pero la ultraderecha no entró en el gobierno. El pacto con Vox fue para apoyar la investidura. Incluía, como ahora, la derogación de la Ley de Memoria.
Lo primero que hizo entonces el ya presidente fue cambiar la Dirección General de Memoria Democrática por un Comisionado para la Concordia. Pero la derogación formal de la Ley de Memoria no llegó. No porque quisiera mantenerla, según dijo Moreno. Sino porque no compartía cómo quería hacerlo Vox. De hecho, el PP tumbó la Ley de Concordia que registró en el Parlamento la ultraderecha en 2021.
Qué dijo Moreno entonces. Que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que salió adelante sin votos en contra en el Parlamento en 2017 -entonces la ultraderecha no tenía representación en la Cámara andaluza- era una «ley de parte». Y cómo justificó que no quisiera aprobar la Ley de Concordia de Vox: en que también iba a ser una «ley de parte».
«Nosotros no queremos una ley de parte ni del PSOE ni de Vox», sostuvo para emplazar a los que ahora son socios de gobierno a elaborar «una ley para el conjunto de la sociedad andaluza donde todos los andaluces se sientan cómodos y representados». Difícilmente ocurrirá eso ahora, por mucho que Moreno repita que la que él llama «vía andaluza», que equipara a «moderación», no ha cambiado por contar con un vicepresidente de extrema derecha.
El Gobierno de Moreno ha tenido más ‘guiños’ a las posiciones ultras, como las jornadas en las que equiparó a Pemán con Alberti
El Gobierno de Moreno ha tenido más ‘guiños’ a las posiciones ultras. Otro ejemplo fueron las jornadas que equipararon a Alberti con Pemán en febrero de 2022, todavía en la legislatura en la que no contaba con mayoría absoluta. La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática lo denunció ante, entre otras instituciones, el relator de la ONU para la Memoria Histórica y Democrática, Fabián Salvioli. Esas jornadas tenían «la única pretensión de pervertir el relato histórico», «camufladas tras una falsa concordia».
«José María Pemán fue uno de los ideólogos y propagandistas de la Dictadura de Primo de Rivera y del franquismo». «Mientras Rafael Alberti tuvo que exiliarse 38 años, Pemán fue el presidente de la Comisión Cultura y Enseñanza que depuró a los maestros y maestras desde su puesto de presidente de la comisión de educación de la Junta Técnica del Estado creada por los golpistas», remarcó entonces la Coordinadora Andaluza de Memoria
«Bajo una falsa concordia, la Junta de Andalucía no solo vuelve a mostrar su falsa equidistancia, sino que deja clara su posición con respecto a la represión franquista, con un flagrante incumplimiento de la ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, así como de las directrices internacionales de derechos humanos», criticó.
Memorial a las víctimas ejecutadas en las tapias del cementerio de Granada. Foto: IndeGranada
El registro de la Ley de Concordia, antes de final de año
El pacto suscrito ahora por Moreno con Vox incluye la sustitución de la normativa vigente en materia de Memoria Histórica por una «nueva Ley de Concordia». Es el punto 148 de los 150 suscritos y aparece bajo el epígrafe de «Leyes ideológicas». La manera en la que está presentado parece señalar que esa nueva Ley de Concordia es una ley ideológica, como efectivamente es.
Tienen prisa en cumplir con este punto. Según se especifica, la idea es que el texto esté registrado antes de final de año.
El mayor temor ahora corresponde a las familias que llevan décadas esperando para recuperar a sus seres queridos. Si se echa el freno a las exhumaciones y a las tareas de identificación, ya de por sí colapsadas, se desvanecerá la posibilidad de recuperarlos para darles una digna sepultura.
Pero la Memoria Democrática no son solo exhumaciones. No es una cuestión reducida a «humanidad» como sostiene la consejera Del Pozo. La Memoria Democrática es combatir el olvido y el revisionismo. Ahora entra tímidamente en las aulas y gracias al compromiso de un grupo de docentes comprometidos con esta tarea democrática. Frenarlo aún más y, lo que es peor, apostar por el revisionismo, siguiendo las tesis de ultraderecha, será tremendamente negativo.
