«Gaudeamus credit» por Agustín Martínez

El dato es lo suficientemente elocuente como para no necesitar traductor: el 14,2% de los créditos al consumo solicitados en España se destinan ya a pagar estudios. Casi 900.000 préstamos en un solo año y una cifra que se ha cuadruplicado en la última década. La noticia debería provocar un debate nacional y, sin embargo, quizá nos limitemos a asumirlo como asumimos casi todo lo que empeora: encogiéndonos de hombros y preguntando si el préstamo incluye seguro de amortización.

Hace no tanto, endeudarse para ir a la universidad era una de esas extravagancias que contemplábamos en las películas norteamericanas. Allí aparecía un joven con una deuda universitaria capaz de financiar la compra de un pequeño país, hipotecando su futuro para estudiar Medicina, Derecho o cualquier carrera que acabara con un diploma y una montaña de recibos. Nosotros mirábamos aquello con una mezcla de compasión y superioridad moral. «Menos mal que aquí tenemos universidad pública», pensábamos. Pues ya podemos dejar de pensar.

La americanización de la educación superior española avanza a toda velocidad. Y no por generación espontánea

Las comunidades autónomas, competentes en la materia, han permitido que la fiebre privatizadora transforme la universidad en un negocio extraordinariamente rentable. Gobiernos del PP, especialmente, han autorizado una proliferación de centros privados mientras asfixian presupuestariamente a las universidades públicas y les ponen obstáculos para ampliar titulaciones y plazas. El resultado es magnífico, siempre que su objetivo sea convertir el derecho a estudiar en una oportunidad de negocio: si la pública no tiene sitio, pase usted por caja.

Porque esa es la gran perversión. No se trata solamente de quien prefiere estudiar en una privada. Se trata de quienes no tienen alternativa. Y entonces aparecen las universidades que, con honrosas excepciones, funcionan más como centros de distribución de títulos que como auténticos espacios de creación y transmisión del conocimiento. Universidades-chiringuito, algunas de ellas, que han descubierto que una necesidad social puede convertirse en una máquina de facturar matrículas. Y cuanto más escasean las plazas públicas, mejor funciona el negocio.

El desastre se hace todavía más evidente con el Plan Bolonia. Aquella revolución académica que venía a modernizar Europa terminó instalando en muchas profesiones una especie de peaje obligatorio: el grado ya no basta y hay que cursar un máster. En determinados casos, además, habilitante. Es decir, sin ese posgrado, el título universitario que tanto esfuerzo costó conseguir sirve aproximadamente para decorar una pared.

CREUP -Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas- denuncia precisamente la escasez de plazas públicas en estos másteres, que empuja a los estudiantes hacia una oferta privada cada vez mayor

Y aquí llega el truco de magia. La universidad pública forma a los estudiantes durante cuatro años, pero después no dispone de plazas suficientes para que todos puedan cursar el máster imprescindible para ejercer. ¿Resultado? Muchos graduados se ven expulsados del sistema público y obligados a acudir a la privada, donde la misma formación que el sistema público no puede ofrecerles se convierte en un producto sin restricciones y con una etiqueta de precio mucho más elevada. CREUP -Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas- denuncia precisamente la escasez de plazas públicas en estos másteres, que empuja a los estudiantes hacia una oferta privada cada vez mayor.

Y entonces llega el banco, como en las películas. La diferencia es que ahora la película transcurre en España y los protagonistas son nuestros hijos. Estudiantes que comienzan su vida adulta debiendo dinero por haberse atrevido a formarse. Padres que firman préstamos porque quieren ofrecerles oportunidades. Familias que descubren que el ascensor social funciona, sí, pero ahora exige tarjeta de crédito.

Quizá haya llegado el momento de preguntarnos si la educación superior sigue siendo un derecho o si hemos decidido convertirla, sin decirlo demasiado alto, en otro producto financiero. Porque una universidad que obliga a endeudarse para estudiar no está ampliando oportunidades: está seleccionando a quién puede permitirse tenerlas. Y eso, por mucho máster habilitante que le pongamos, tiene un nombre bastante menos académico: desigualdad.