Las mutuas, el ariete de la patronal para reducir los costes de las bajas laborales

Hace ya tiempo que los empresarios mantienen una dura ofensiva contra las bajas laborales. La patronal demoniza a quienes no pueden trabajar por alguna incapacidad o enfermedad y se queja siempre que tiene ocasión de que las bajas —la patronal prefiere llamarlo «absentismo»— en España no dejan de aumentar. Deslizan permanentemente la sombra de la sospecha y aseguran que hay mucho fraude en este asunto. El PP, con su presidente Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, se ha sumado sin ambages a este discurso tan agresivo. Hace un par de semanas, el líder del PP asumió plenamente la propuesta de que las 18 mutuas laborales colaboradoras con la Seguridad Social que hay en España puedan dar altas a los trabajadores que estén de baja y que ya no sea solo el médico de cabecera de la Seguridad Social.

Desde la otra orilla, los sindicatos ven en esta propuesta una nueva vuelta de tuerca en esa campaña de demonización  impulsada desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Los responsables de salud laboral de CCOO y UGT admiten que, efectivamente, las bajas laborales han aumentado en España, pero niegan las acusaciones de fraude. Es más, ese fraude lo sitúan por debajo del 5%. De media, 56,22 trabajadores de cada mil estaban de baja por contingencias comunes cada día a finales del segundo trimestre de 2026.

¿Qué estrategia se oculta detrás de la propuesta de dar a las mutuas la capacidad de dar altas? ¿Qué papel juegan las mutuas en este conflicto? ¿Quién las controla?

La patronal sostiene que un mayor poder para las mutuas al tener la capacidad de dar altas aliviará el problema de las bajas laborales. Aunque comparten la inquietud por su aumento, los sindicatos rechazan las presiones de los empresarios: creen que si las mutuas pudieran dar altas, la salud de los trabajadores se resentiría al tener que volver al trabajo sin estar del todo recuperados, al menos en algunas ocasiones.

En este punto es interesante explicar cómo funcionan las mutuas. Lo hace Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral del sindicato Comisiones Obreras (CCOO): «Las mutuas nacieron en el año 1900 para proteger del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional; también tocaban aspectos de prevención de riesgos laborales. Desde 1996, las mutuas participan además en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes [las que no tienen su origen en el trabajo ni están relacionadas con la actividad profesional]. Pero no lo hicieron gratis, fue a cambio de una rebaja en las cotizaciones sociales a la empresas». 

«Posteriormente, los distintos Gobiernos han utilizado las mutuas como una muletilla para privatizar prestaciones o al menos sacarlas de la Seguridad Social», apostilla Sanz. Entre esas prestaciones a las que se refiere, se incluyen las de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural (2007), el cese de actividad de los trabajadores autónomos (2010) y la prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (2011).

Desde CCOO explican que los ingresos de las mutuas provienen «de recursos públicos, de cotizaciones aportadas por empresarios y trabajadores». También hay que señalar que las mutuas son organizaciones sin ánimo de lucro, y, por lo tanto, no pueden dar lugar a que sus asociados perciban beneficios. En cualquier caso, detrás de esta estrategia los sindicatos ven meros intereses económicos por parte de las empresas. Según cálculos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), la patronal de las mutuas laborales, las bajas tuvieron un coste directo de 33.280 millones de euros en 2025. De esa cantidad, las empresas pagaron 16.116 millones y la Seguridad Social, 17.164. «Hay que recordar que las mutuas son organizaciones de empresarios, en cuyas juntas directivas solo hay empresarios y sus comités de dirección están elegidos por empresarios. ¿Al final vamos a dejar que una organización de empresarios dé las altas? Eso sería como poner a los zorros a cuidar de las gallinas», se explaya Sanz. 

«¿Cuál es entonces el problema? Pues que los empresarios no quieren pagar las nóminas del cuarto al decimoquinto día de baja de un trabajador, que es a lo que les obliga ley. La Seguridad Social paga a partir del decimosexto día. Y un 66% de las bajas por contingencias comunes duran menos de esos quince días», añade Sanz. 

Patricia Ruiz, la homóloga de Sanz en UGT, también cree que lo que pretende la patronal es dejar de pagar las bajas y propone «recuperar la titular pública» de las 18 mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para mejorar el sistema y evitar el conflicto de intereses que surge del hecho de que las mutuas presten un servicio público pero con una gestión privada.  

«Las mutuas tienen medios públicos, pero con gestión privada. Es un modelo muy antiguo. Las mutuas en este país no están por la labor de proteger la salud de las personas trabajadoras. Más bien están en la labor de hacer un rendimiento en sus cuentas de beneficios. Por eso, la UGT está radicalmente en contra de ampliar esa potestad para las mutuas, a no ser que se haga una reformulación de la ley de mutuas y realmente recuperemos el sentido público», ilustra la representante de UGT. 

A preguntas de Público, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), la patronal que reúne a todas ellas, se queja justo de lo contrario. «Las bajas por contingencias comunes se  han disparado, pero en éstas las mutuas no pueden realizar prácticamente actuación alguna, más allá del control y seguimiento», explican desde su departamento de comunicación.

Reproches cruzados

En este sentido, AMAT reivindica su experiencia, sobre todo en lo que atañe a los accidentes de trabajo, para poder dar altas: «La salud del trabajador, de media, se recupera 34 días antes que, cuando esa misma patología, es tratada por los servicios públicos de salud». Respecto a las llamadas bajas por contingencias comunes, las que no están vinculadas con el puesto de trabajo, AMAT también defiende esa capacidad para dar altas de las mutuas: «¿Por qué un médico de una mutua puede dar un alta a un trabajador cuando ha tenido una incapacidad temporal diagnosticada con una fractura de brazo ocasionada en el trabajo, y no puede hacerlo cuando esa misma lesión se la ha producido jugando al futbol el fin de semana?».

Detrás del discurso de la supuesta eficacia de las mutuas, ¿no está un cuestionamiento del trabajo de los médicos de la Seguridad Social? Mariano Sanz cree que sí y responde implícitamente a la pregunta que lanzan desde AMAT: «La especialidad de las mutuas son los problemas óseo-musculo-esqueléticos. Eso es de lo que más saben. No es lo mismo una baja por torcerse una muñeca que ser diagnosticado con un cáncer o tener un problema de salud mental, que es la segunda causa de baja laboral en España. ¿Qué saben las mutuas de temas oncológicos o de salud mental? ¿Cuántos psicólogos tienen las mutuas? Si preguntas, te reconocerán que ni dos docenas», analiza Sanz. Desde UGT afinan la cuenta: 16 psiquiatras y 70 psicólogos entre esas 18 mutuas.

«Las mutuas abordan estas patologías [de salud mental] igual que el resto de las enfermedades y accidentes no laborales, es decir, ejerciendo las pocas facultades con las que cuentan», responden, no sin cierta ironía, desde AMAT. Esta asociación se queja de que «la incidencia mensual de las bajas por salud mental por cada 1.000 trabajadores se ha disparado un 77,69% desde 2018 y casi un 294% entre los trabajadores de menos de 35 años. «Si las mutuas contaran con la facultad de poder realizar una gestión integral de estos procesos de contingencia común, diagnosticados como trastorno mental, al igual que han ido haciendo cuando se les ha ido atribuyendo la gestión de otras competencias, se irían dimensionando paulatinamente para prestar el correspondiente servicio en función del volumen de demanda», añaden las fuentes de AMAT.

Respecto de si se está menospreciando, en cierto sentido, a los médicos de la sanidad pública, AMAT niega la mayor y responde con un circunloquio para alabar la iniciativa privada: «Se trata de optimizar el aprovechamiento de recursos y técnicas de gestión propios de la esfera privada. La carga burocrática y el laberinto administrativo al que están sometidos los trabajadores en la asistencia sanitaria de las contingencias comunes y en la gestión de estos procesos, además de poder suponer el inicio indebido y el alargamiento innecesario de la duración de muchos de estos procesos, supone que se esté detrayendo recursos de la sanidad pública para una adecuada atención sanitaria del resto de ciudadanos. Los médicos de las mutuas son los mismos que los de los servicios públicos de salud. De ninguna manera es una forma de poner en cuestión el trabajo de los médicos de los servicios públicos de salud». 

Mariano Sanz: «La financiación de nuestros sistemas públicos de sanidad están entre un 2% y un 5% más bajo que la media de nuestro entorno»

Los sindicatos reprochan a AMAT y por extensión a la CEOE que en sus planteamientos ignoran un hecho fundamental: el aumento de las listas de espera en la sanidad pública, lo que retrasa la cura de los trabajadores enfermos. «La financiación de nuestros sistemas públicos de sanidad está entre un 2% y un 5% más bajo que la media de nuestro entorno», matiza Sanz. 

En este sentido, Patricia Ruiz evoca el acuerdo que se alcanzó a finales de 2024 entre los agentes sociales y la Seguridad Social para propiciar una mayor participación de las mutuas en las bajas musculoesqueléticas —las más comunes y primera causa de que los trabajadores no puedan acudir al trabajo— y agilizar los tratamientos. Pero este acuerdo, pese a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no termina de despegar, se lamenta Ruiz.

«Hay una herramienta fruto del diálogo social tripartito con la Seguridad Social con la que las mutuas pueden acelerar los procesos de recuperación de la salud a través de un acuerdo que supone adelantar las pruebas diagnósticas, quirúrgicas o rehabilitadoras de los trastornos musculo-esqueléticos. Las mutuas pueden, si realmente les interesa, recuperar la salud de las personas trabajadoras, para evitar esas largas listas de espera que hay en el servicio público de salud y que los trabajadores voluntariamente se puedan recuperar antes. Después de casi dos años, solo cinco comunidades autónomas han suscrito el acuerdo, pero ninguna ha puesto en marcha una derivación de una baja por causa traumatológica para que le recuperen en la mutua».

«Si quieren que las mutuas jueguen un papel, que las mutuas sean de la Seguridad Social, no colaboradoras, no de empresarios colaboradores con la Seguridad Social, que las mutuas sean de la Seguridad Social, que sus trabajadores también sean de la Seguridad Social. Porque si las mutuas son de los empresarios, entonces no pueden asumir funciones que son de todos», concluye Mariano Sanz.