EL PECADO DE QUERER SER UNA MUJER LIBRE Por Javier Arenas
El pasado martes fui al cine a ver Ruega por nosotras, la última película de Daniel Monzón. Salí con un nudo en la garganta, con una mezcla difícil de explicar entre la tristeza, la rabia y la vergüenza. Pero, sobre todo, salí haciéndome una pregunta que todavía hoy me acompaña: ¿cómo es posible que algo tan terrible haya ocurrido en nuestro país y que durante tantos años apenas hayamos hablado de ello?
La película nos devuelve a una España en la que la libertad de las mujeres era algo que debía vigilarse y corregirse. El Patronato de Protección a la Mujer fue una de las expresiones más crueles de aquella mentalidad. Bajo el pretexto de proteger a jóvenes consideradas en peligro moral, miles de niñas y adolescentes fueron internadas por desobedecer a sus padres, quedarse embarazadas, ser consideradas rebeldes o, sencillamente, no responder al modelo de mujer que imponía la sociedad franquista.
Reorganizado en 1941, el Patronato contó con numerosos centros, gestionados en su mayoría por congregaciones religiosas. Los testimonios de sus supervivientes y las investigaciones históricas han documentado internamientos sin garantías judiciales, humillaciones, castigos, trabajos no remunerados, violencia física y psicológica y casos de separación de madres e hijos. También hubo muertes, como la de Inmaculada Valderrama, de apenas quince años, fallecida en 1983 en el reformatorio de San Fernando de Henares, cuyas circunstancias siguen planteando interrogantes.
Pero aquella violencia no se limitaba al encierro. También pretendía doblegar la voluntad de las jóvenes, enseñarles a avergonzarse de sí mismas y convencerlas de que había algo malo en su manera de pensar, de amar o de vivir. Era la expresión de una sociedad profundamente patriarcal que consideraba la obediencia una virtud femenina y la libertad de las mujeres una amenaza.
Qué manera tan cruel de llamar protección a lo que, en realidad, era sometimiento.
Lo más difícil de asumir es que aquella institución sobreviviera incluso a la dictadura que la había reorganizado. El Patronato continuó existiendo después de la muerte de Franco, de las primeras elecciones democráticas y de la aprobación de la Constitución de 1978. No desapareció hasta 1985. Hace apenas 41 años. La democracia llegó, pero el reconocimiento de aquellas mujeres tardaría todavía décadas.
Fueron precisamente las supervivientes quienes comenzaron a romper ese silencio. Mujeres como Consuelo García del Cid, Paca Blanco, María Forns, Loli Gómez, Araceli Navarro, Chelo Alfonso, Carmen Figueroa o Eva García, entre tantas otras que han tenido la valentía de dar la cara, contar sus historias y reclamar la justicia que tantas veces les fue negada. El pasado 26 de febrero, Consuelo compareció ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y, en una intervención tan estremecedora como necesaria, pronunció una frase difícil de olvidar: «Nosotras tenemos más pasado que futuro».
Sus palabras me hicieron pensar en una injusticia que va mucho más allá de los años que pasaron encerradas. Aquellas niñas, convertidas hoy en mujeres mayores, han tenido que dedicar también una parte de sus vidas a conseguir que se las escuche.
Porque antes de ser supervivientes fueron niñas. Niñas que deberían haber estado estudiando, riendo con sus amigas, descubriendo el amor, equivocándose y aprendiendo a vivir. Niñas que, en lugar de disfrutar de su juventud, tuvieron que aprender a convivir con el miedo, la culpa y una obediencia impuesta por quienes pretendían decidir sobre sus vidas.
Y me pregunto cómo se reconstruye una vida después de semejante experiencia. Cómo se recupera la confianza cuando quienes debían protegerte fueron precisamente quienes te hicieron daño. Cómo se consigue dejar atrás una juventud marcada por la vergüenza que otros te impusieron.
Por eso, la reciente declaración del Patronato como Lugar de Memoria Democrática constituye un avance necesario, pero estas mujeres necesitan mucho más que memoria. Necesitan verdad, justicia y reparación.
Es imprescindible investigar lo sucedido en aquellos centros, abrir los archivos, esclarecer los casos de separación de madres e hijos y determinar las responsabilidades que correspondan. También garantizar medidas de reparación económica, jurídica y social. No se trata de poner precio al sufrimiento, sino de comprender que el daño causado por las instituciones genera obligaciones que no desaparecen con el paso del tiempo.
Y ese tiempo es, precisamente, lo que muchas de ellas ya no tienen. Algunas han fallecido esperando respuestas que nunca llegaron. Otras continúan luchando por una justicia que se resiste a llegar. Resulta profundamente doloroso pensar que, después de tantos años, podamos permitir que sus historias se cierren sin haberles dado siquiera la oportunidad de recibir la reparación que merecen.
Esa es la reflexión que me acompañó al salir del cine y que sigue haciéndolo ahora. No basta con conmovernos ante una película o indignarnos al conocer lo ocurrido. La verdadera responsabilidad comienza cuando se encienden las luces de la sala y debemos decidir qué hacemos con aquello que acabamos de conocer.
Durante décadas hicieron creer a aquellas niñas que eran culpables, que debían avergonzarse y pedir perdón por querer vivir libremente. Hoy, tantos años después, siguen siendo ellas quienes tienen que alzar la voz para que se reconozca el daño que les hicieron.
Aquellas niñas nunca tuvieron nada de lo que pedir perdón.
La vergüenza pertenecía a quienes las encerraron. La responsabilidad, a quienes lo permitieron. Y la obligación de hacerles justicia nos corresponde hoy a todos.
Que el silencio no vuelva a ganar.
Para quienes deseen escuchar su testimonio, comparto la estremecedora intervención de Consuelo García del Cid ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Una lección de memoria, dignidad y valentía que merece ser escuchada: https://www.youtube.com/watch?v=bQ5uh8-strw
FOTO: RTVE