Más de 4.000 hectáreas de regadío ilegal sitúan a Granada como uno de los mayores puntos negros del robo de agua en España
Informes revelan que el 62% de la superficie agrícola de la zona de Baza destinada al pistacho, el olivar y la almendra se riega sin autorización, con una sobreexplotación de los acuíferos que ya ha secado varios manantiales
La extracción ilegal de agua subterránea para regadío tiene uno de sus mayores puntos negros en la comarca agraria de Baza, al noreste de la provincia de Granada, que hasta ahora apenas había trascendido. Según la organización WWF y el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua, más de 4.000 hectáreas de esa comarca se están regando de forma ilegal, más superficie que en el entorno de Doñana, que acapara la mayor atención. La Comisión Europea está investigando también el tema.
La organización conservacionista internacional WWF ha incluido por primera vez la zona de Baza en su informe anual sobre el robo del agua en España, en el que describe unos resultados «alarmantes»: casi el 62% de su superficie agrícola se estaría regando con claros indicios de ilegalidad con una cantidad que supera los 8,3 hectómetros cúbicos al año. Según su investigación, los cultivos con mayor superficie implantada actualmente son los de frutos secos (como el pistacho o las almendras) y el olivo, aunque son los cultivos hortícolas (en invernadero o de uva de mesa bajo malla) los que consumen más agua, ya que suponen más del 35% de las extracciones totales.
Ese territorio ha sido tradicionalmente una zona rica en manantiales y aguas subterráneas que alimentan los ríos, pero desde hace unos años, según WWF, sus fuentes de agua se están secando debido a la sobreexplotación para usos agrícolas. «La clave para entender el robo del agua está en que las administraciones responsables desconocen cuánta agua se extrae de los pozos por encima de lo autorizado en el total de los acuíferos, ya que no tienen capacidad para medir todas las extracciones ni suficientes medios humanos para controlar el uso legal de estos recursos subterráneos. En algunos casos, tampoco está claro cuánto se ha extraído por encima de los recursos disponibles según el Plan Hidrológico del Guadalquivir, ya que existe cierto grado de incertidumbre en el cálculo de la recarga de estos acuíferos. Este es el claro ejemplo de Baza», señala el informe.
El Relator Especial de la ONU para estos temas, el español Pedro Arrojo, advierte en un escrito firmado el pasado mes de junio, al que ha tenido acceso Público, de que ya en marzo de 2022 dirigió una carta al Gobierno de España sobre la sobreexplotación de acuíferos en diversas comarcas, entre ellas el Altiplano de Granada, del que forman parte las comarcas de Baza y Huéscar. Y desde entonces, afirma, ha recibido datos y estudios «consistentes» que le permiten afirmar que la causa de la sobreexplotación de los acuíferos de esa zona «es la proliferación de regadíos ilegales», que alcanzan a 4.000 de las 6.700 hectáreas que extraen agua subterránea.
En su escrito, Arrojo recuerda que las fuentes más accesibles, asequibles y de calidad «deben dedicarse en clara prioridad al abastecimiento de los hogares». «Y sin duda -añade- en el Altiplano de Granada tales fuentes son los acuíferos y los manantiales naturales que dichos acuíferos alimentan».
Dos manantiales secos y cinco con poco caudal
Aunque en julio de 2025 fue publicada en el BOE la declaración de sobreexplotación de la masa de agua subterránea Baza-Freila-Zújar, del que dependen siete manantiales, dos de los cuales se secaron y el resto redujeron considerablemente sus caudales, el Relator de la ONU denuncia que hay otras seis masas de agua que están sufriendo una extracción desmesurada sobre las que también se debería actuar. «Identificar y cerrar los bombeos ilegales, y renovar las redes urbanas, constituyen sin duda las prioridades a desarrollar», concluye el representante de Naciones Unidas para el estudio de estos temas.
WWF también considera que la declaración de sobreexplotación de la masa Baza-Freila-Zújar que hizo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no resulta suficiente para solucionar el grave problema del robo del agua en esa zona. «El análisis destaca que la metodología de seguimiento de las extracciones establecida por la CHG subestima el índice de explotación real de las masas de agua, en particular el de la Sierra de las Estancias, cuyo acuífero presenta un índice de explotación del 208%. Para WWF, si se confirma esta estimación, este dato supondría una gravísima e insostenible situación de sobreexplotación de esta masa de agua subterránea».
Teresa Gil, responsable del programa de Agua de WWF España, explica a este periódico que en Baza se han juntado varios factores que han agravado de forma considerable la situación: el gran tamaño de la superficie regada sin derecho a uso del agua, la subestimación que se ha hecho desde los poderes públicos del alcance del problema y los daños que se han causado al entorno. «Se ha empezado a regar sin permisos y, como no ha habido control, se ha generado un efecto llamada», precisa. «Por ese motivo, es importante que se cierren las captaciones ilegales, incluso de forma cautelar», añade.
A juicio de Teresa Gil, los agricultores deberían ser conscientes de que están extrayendo agua en unos acuíferos muy vulnerables y que, por tanto, podrían llegar a quedarse sin ella para regar sus cultivos. «Como ocurrió en la burbuja de la construcción -advierte-, podría pasar aquí algo parecido, porque los acuíferos están llegando a niveles insostenibles. Igual que se han puesto más recursos en el entorno de Doñana, se tiene que poner más atención a este territorio».
Del volumen que ha alcanzado el robo del agua en la zona de Baza dan muestra los datos publicados por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que asegura haber detectado desde 2022 un total de 1.652,5 hectáreas regadas ilegalmente, 45 pozos y 29 balsas de riego sin autorización. En el último ejercicio, la campaña 2025-26, la CHG ha llevado a cabo 57 inspecciones en 2.181 hectáreas de almendro y pistacho. Esa inspección se ha saldado con “resultados relevantes”, se destaca en un comunicado publicado en septiembre por el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 58,90 hectáreas de regadío ilegal, 9 captaciones no autorizadas y 7 balsas vinculadas a usos irregulares.
La larga lucha de una plataforma ciudadana
En el Altiplano de Granada hay una plataforma ciudadana que lleva años denunciando la mala gestión del agua en esa zona por la sobreexplotación de acuíferos para uso agrícola. Es la Plataforma en defensa del Castril, un río que, a su entender, se encuentra gravemente amenazado por los trasvases proyectados para solucionar la falta de agua causada, entre otras cosas, por la abundancia de extracciones ilegales. Su lucha la han llevado hasta la Fiscalía, la ONU y la Comisión Europea, que ahora está investigando una denuncia presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento comunitario a la que se sumaron los ayuntamientos de Castril y Cortes de Baza.
El Castril, según el presidente de la plataforma, Miguel Ortiz, es uno de los ríos mejor conservados de Europa, con un caudal abundante durante todo el año en un entorno, además, semidesértico. Y antes de profundizar en el contenido de sus denuncias, matiza: «No estamos en contra del uso del agua para fines agrícolas, sino de la mala gestión que se hace de ella».
Esta plataforma ciudadana ha recurrido a todas las instancias para intentar parar el proyecto de trasvase del río Castril a Baza, justificado en principio por los problemas de abastecimiento para el consumo humano en un municipio de más de 20.000 habitantes, en medio de una acusada sobreexplotación de sus acuíferos. «Desde la Confederación Hidrográfica han permitido por acción u omisión la sobreexplotación para así justificar el trasvase del río Castril. Y por eso nosotros hemos denunciado la mala gestión que se ha hecho del territorio, que no se ha reconocido que existía esa sobreexplotación», explica Miguel Ortiz.
La extracción de agua de los acuíferos se ha incrementado en los últimos años, según la plataforma ciudadana, por la llegada de grandes empresas de la potente industria hortofrutícola de las vecinas Almería y Murcia, muchas de ellas propiedad de fondos de inversión, atraídas por la disponibilidad de agua para regar cultivos intensivos de almendro, olivar o pistacho. «Esas empresas se ubican ahora en este territorio y no les importa ni el territorio ni las personas que vivimos en el territorio», se lamenta Ortiz.
La falta de agua en Almería, con más de 33.000 hectáreas cultivadas en invernadero en lo que se ha llamado la huerta de Europa, supone otra fuerte presión para el Altiplano granadino, según el presidente de la plataforma por la defensa del río Castril, que denuncia que hay una intención de llevar su agua hasta la provincia vecina, algo que ya se está haciendo -asegura- a través de la compra de derechos en algunas comunidades de regantes.
Un agricultor de la comarca de Huéscar, con cultivos de secano y regadío, que prefiere mantenerse en el anonimato al hablar con este periódico, confirma que hay regantes que están vendiendo su derecho de uso del agua para que llegue al Almanzora, en Almería, pese a que cuando por la sequía baja mucho de nivel el pantano del Negratín, en Granada, los agricultores del noreste de esta provincia se quedan secos. «Es un disparate», afirma.
Este agricultor granadino señala que en torno al 80% del cultivo en su comarca es ahora de olivar y el 20% de pistacho, y que la mayor parte de las tierras están alquiladas, sobre todo a empresarios de Murcia y Almería, con mucho mayor poder adquisitivo, a los que de forma habitual se les denomina los murcianos. «Si hay agua aquí, se tiran diez o veinte cosechas. Si no, se van a otro lado», dice. Y ese agua puede ser extraída de forma legal o ilegal, claro. El problema, precisa, es que mientras interviene o no la Confederación Hidrográfica para determinar la legalidad de esas extracciones, pueden haber hecho ya siete cosechas.
Un estudio conjunto del Relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y la Fundación Nueva Cultura del Agua con la Universidad de Sevilla reflejaba en 2023 que en Andalucía existen “graves afecciones a los servicios urbanos de agua por sobreexplotación de los recursos”, debido a un «tradicional déficit de gestión» de las masas subterráneas por parte de la administración hidráulica, “en un contexto general de supeditación de la gestión a los procesos de crecimiento sectorial, especialmente del regadío”. En la mayoría de los casos, se añade en el informe, la principal fuerza motriz del deterioro del abastecimiento urbano es el sector agrario (regadío y ganadería intensiva) tanto por problemas de cantidad (agotamiento de manantiales, sobreexplotación de acuíferos) como por problemas de calidad.
Emblema de la mala gestión de las aguas subterráneas
Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y miembro de la junta rectora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, promotora de un cambio en la política de gestión del agua para conseguir actuaciones más sostenibles, considera que la situación de los acuíferos de la zona de Baza «es una expresión emblemática del generalizado desgobierno hidráulico que afecta a la gestión de las aguas subterráneas en España».
En declaraciones a Público, este experto denuncia que lo de Baza es «una situación tolerada y justificada», asumida sin haber aplicado las medidas previstas para estos casos: declarar la sobreexplotación de un acuífero. «Es algo que por fin se ha hecho con algunos acuíferos del Altiplano muy recientemente, pero sin aplicar lo que conlleva esa declaración: un programa de medidas para reducir la explotación, reduciendo las extracciones. Y esa reducción debería empezar por la eliminación de las extracciones ilegales, que al ser en este caso tan numerosas vendrían a solucionar el problema», subraya el catedrático, que lleva 30 años investigando y evaluando los procesos de toma de decisiones sobre la gestión del agua en España y la UE.
Según el estudio del Relator de la ONU y Nueva Cultura del Agua, la explicación del proceso que ha conducido a la situación en la que se encuentra el Altiplano granadino obedece a su ubicación entre dos grandes focos de agricultura intensiva, como son Almería y Murcia, «a los que complementa por su clima de altura con veranos relativamente cortos y frescos y muy bien comunicado». El análisis de sus masas de agua subterránea revelaba ya hace tres años una tendencia descendiente del nivel piezométrico, solo amortiguada en periodos de lluvias extraordinarias, con el nivel más bajo detectado en el registro histórico e índices de explotación que llegaban al 177% en algún caso. El informe publicado este año por WWF, que urge a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a tomar medidas, eleva hasta el 208% el índice de explotación en el caso de la Sierra de las Estancias.
FOTO: Una extracción ilegal de agua subterránea en la zona de Baza.CEDIDA
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