El adelanto electoral deja en vía muerta el anteproyecto de ley de cambio climático, que, desde el ministerio para la Transición Ecológica, se estaba ultimando para establecer un marco regulatorio estable hacia una transición libre de emisiones.

La propuesta incluía como pilares fundamentales un sistema eléctrico español basado exclusivamente en fuentes renovables para el año 2050 además de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 90 por ciento con respecto a los niveles de 1990.

Otro de las reformas aparcadas como consecuencia de la próxima disolución de las Cortes Generales para el próximo 5 de marzo será la aprobación del VII Plan General de Residuos Radiactivos que el Gobierno de Pedro Sánchez encargó para sustituir al actualmente vigente, aprobado en 2006.

Además existen otras iniciativas que de momento se quedan en el aire como la renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) inmerso en un momento político clave sobre el futuro de las centrales en activo, debido a que todas cumplirán los 40 años de vida útil entre 2021 y 2028.

Igual de difícil lo tendrán otros planes anunciados por el ministerio para la Transición Ecológica como las ayudas al vehículo eléctrico, la renovación del parque automovilístico, reformas fiscales, edificaciones o la lucha contra la pobreza energética que, de momento, se quedan en el tintero.

El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, una herramienta que define el mix energético de los próximos años y que estaba previsto que se presentara el pasado diciembre para remitirlo a Bruselas, será llevado previsiblemente al Consejo de Ministros del 22 de febrero, tal y como la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha venido anunciando esta última semana.

En este plan, también se incluye el futuro de la energía nuclear en España para los próximos años así como el cierre del carbón.

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