Otro golpe a la escuela pública

El primer decreto educativo de calado aprobado por el Gobierno de las derechas, el que regula la escolarización, deja al descubierto su intención de favorecer a la concertada y vuelve a unir a la comunidad educativa, con más fuerza, en defensa de lo público.

En apenas una semana comenzará el proceso de escolarización en Andalucía. Lo hará con una nueva normativa en vigor, el decreto de escolarización aprobado por el Gobierno andaluz el pasado lunes 17 de febrero, el primero de calado en el ámbito educativo que sacan adelante PP y Ciudadanos y en el que ya dejan al descubierto su intención de dar pasos a favor de la concertada. 

Se trata de la norma que fija las reglas de juego para acceder al sistema educativo sostenido con fondos públicos y algunas de esas reglas se han cambiado para dar ventaja a los colegios privados concertados frente a los públicos.  

Imbroda suma otro frente al currículum de su gestión en la Consejería de Educación y Deporte

De nuevo la Consejería de Educación y Deporte que dirige Javier Imbroda da un paso que solivianta a la comunidad educativa y suma otro frente al currículum de su gestión. Porque el próximo 4 de marzo, sindicatos de la enseñanza pública y familias han convocado una huelga. No será la primera del curso, que comenzó con un paro de la escuela pública rural granadina, al que siguió meses después una movilización sin precedentes que costó su puesto al entonces delegado territorial y frenó, al menos este curso, cualquier intento de supresión de centros o integración de enseñanzas en toda Andalucía. Pero sí será la primera que se secunde en todo el territorio y con mayor respaldo aún por parte de sindicatos y familias: ANPE, CCOO, CSIF y UGT, además de USTEA y CGT, y Codapa han anunciado su apoyo a la movilización, tras expresar su rotundo rechazo a que se favorezca a la privada-concertada. A los sindicatos y colectivos que se oponen al decreto se ha sumado también Andalucía Laica, al considerar que la normativa aumenta «la segregación» y «la desigualdad».

Este nuevo golpe asestado a la escuela pública ya está en vigor. El decreto se publicó en el BOJA el pasado miércoles.

 

En su artículo 9,4 -el que tuvo dificultades para explicar a la prensa el propio Imbroda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en una intervención que se está viralizando en redes sociales- concentra la nueva filosofía en Educación: que siempre esté al alcance de las familias un centro concertado. Para ello se modifican las áreas de influencia. 

«Los centros concertados van a tener acceso a un mayor número de habitantes y, por ende, a un mayor número de solicitudes de admisión, aunque en términos porcentuales haya más solicitudes en centros públicos. Y terminará habiendo una reducción de líneas en los públicos»

Las consecuencias las ha resumido la Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Andalucía (ADIÁN) al pronunciarse sobre la nueva normativa: «En términos cuantitativos es posible que esta circunstancia no suponga un cambio sustancial, pero, cualitativamente, se está apostando desde la Consejería de Educación y Deporte por la enseñanza concertada, de forma que para esta es mucho más fácil tener listas de espera abultadas, al ampliarse el número de personas que tienen acceso a la máxima puntuación. Si esto lo unimos a la reducción de natalidad prevista para años venideros, entendemos de las palabras del Sr. Consejero que se acabará reduciendo unidades en aquellos centros donde menos solicitudes haya. Este hecho juega a favor de los centros concertados que van a tener acceso a un mayor número de habitantes y, por ende, a un mayor número de solicitudes de admisión, aunque en términos porcentuales haya más solicitudes en centros públicos. En consecuencia, todo parece indicar que terminará habiendo una reducción de líneas en los centros públicos«.

Este diagnóstico no es de la oposición, como se empeña en trasladar Ciudadanos -y con menos brío el PP- en un intento de restar importancia a la crítica, sino del colectivo de directores y directoras de institutos. Que esta norma favorece a la concertada lo ha advertido también el sindicato CSIF, mayoritario en el sector. Como lo ven también las organizaciones sindicales que representan al profesorado de la enseñanza pública y la Codapa, confederación de asociaciones de padres y madres de la escuela pública. Todos coinciden en que es un «ataque» a la escuela pública.

Ese artículo favorece, como explican los directores, que haya más solicitudes para centros concertados. Y abre la puerta a desarrollar el otro concepto introducido como novedad en el decreto, el de la demanda social. Uno de los criterios que la nueva normativa introduce para la planificación educativa. Es decir, como hay demanda social, tendrá que haber más unidades para la concertada y, cuando toque concederlos, si es necesario, más conciertos. 

Y es solo el primer paso. Porque patronal de la concertada y sindicatos de estos centros ven aún «limitado el avance». La federación que engloba a las familias de la concertada esperaba que se hubiera avanzado en las zonas únicas de escolarización. Ese distrito único es un compromiso pendiente del Gobierno andaluz con su socio parlamentario, Vox. De hecho, forma parte del acuerdo que firmaron en su día PP y Vox. No lo hizo Ciudadanos porque en ese momento rehuía de la foto con la ultraderecha. Pero el compromiso está pendiente para el Consejo de Gobierno de Juan Manuel Moreno. 

Puntos recogidos en el acuerdo firmado entre PP y Vox para que esta última formación apoyara el Gobierno de derechas en Andalucía. 

 

Javier Imbroda, en la inauguración del curso de Secundaria en Granada. ayto.granada

Lo que más llama la atención es que, de nuevo, Imbroda gestiona sin consenso. Porque, pese a la importancia de este decreto, ha salido adelante obviando el sentir mayoritario de la comunidad educativa. Así se han expresado docentes, organizaciones sindicales y asociaciones de madres y padres. 

El decreto no nace del consenso, como tampoco el intento de poner en marcha los CEIPSO -centros que integrarían todas las etapas obligatorias-, a pesar de que así lo repite una y otra vez Imbroda -y replican los cargos públicos de Ciudadanos- cuando se le pregunta por una de las medidas que la movilización de la comunidad educativa granadina ha logrado frenar.  

Porque consenso no es sinónimo de reunión. Como ha ocurrido con las otras medidas contestadas, la Consejería se defiende asegurando que ha mantenido más de 300 reuniones en un año con colectivos del sector. Pero como le recuerdan las organizaciones que representan a los docentes, si después esas reivindicaciones no se tienen en cuenta, la medida no nace del consenso, como recoge el argumentario empleado por el Gobierno andaluz para contestar a la nueva movilización social. 

El Consejo Escolar mostró su rechazo a las medidas «más agresivas» para la educación pública, y el consejero lo «ha obviado», advierte CCOO

La responsable de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes González, ha recordado al respecto que el Consejo Escolar de Andalucía mostró su rechazo a las medidas «más agresivas» para la educación pública. El órgano de participación en el que está representada toda la comunidad educativa, y que tiene sede en Granada, aprobó el 24 de octubre de 2019 y por mayoría, el dictamen al proyecto de este decreto en el que se incluía una enmienda de CCOO, y de otras organizaciones, que plantea la supresión del mencionado artículo (Enmienda de CCOO número 12 y observación de dictamen número 24). La Consejería de Educación y Deporte, recuerda la representante del sindicato, «ha obviado este dictamen de la comunidad educativa». 

La escuela pública llega al mes de marzo, una de las fechas más importante en el calendario educativo porque se organiza la llegada del alumnado para el próximo curso, preocupada por ese trato de favor hacia la privada con conciertos. Y escuchando mensajes como los lanzados por el propio consejero, pidiendo a la escuela pública que «deje de mirar de reojo a la concertada», como expresó en una entrevista con ABC.  «Muy al contrario, pensamos que es el propio consejero el que manifiesta una obsesión en promocionar la enseñanza privada concertada a costa del sistema público de enseñanza», le ha respondido ANPE, otro sindicato del sector. 

En medio de este debate, justo el mismo día en el que el BOJA publicó el decreto de escolarización, en el Parlamento se constituyó el grupo de trabajo que buscará un pacto social por la educación. La iniciativa fue aprobada el pasado noviembre a propuesta del PP y Ciudadanos -con el voto favorable de Vox y la abstención de PSOE y Adelante-. Los socios de gobierno en la Junta deben demostrar que será la enseñanza pública el pilar de ese pacto y que son capaces de construir consensos. El decreto de escolarización, que ha levantado a la comunidad educativa, no es un buen punto de partida. 

M.A. –

http://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/otro-golpe-escuela-publica

FOTO: La comunidad educativa está llamada a secundar una huelga el próximo 4 de marzo en defensa de la escuela pública. INDEGRANADA