Los agricultores de Jaén que se resisten a que sus olivos sean patrimonio de la Unesco
Asaja, COAG y las Cooperativas Agroalimentarias rechazan el expediente para convertir el paisaje del olivar en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad porque, aseguran, afecta a la «propiedad» de las tierras
El mar de olivos andaluz se atasca en el intento de las administraciones de convertir este paisaje milenario en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El proceso, que comenzó en 2014, está ahora en el filo de la navaja por un desencuentro entre las principales organizaciones agrarias y la Diputación de Jaén, que encabeza el expediente de solicitud de esta denominación a la Unesco junto con la Junta, otras diputaciones andaluzas, las citadas entidades y algunas fundaciones.
Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han rechazado la actual redacción del texto porque consideran que se ha cruzado una de sus líneas rojas, la propiedad de las tierras afectadas por esta declaración. Esto ocurrirá, aseguran, si se incluyen 144.000 hectáreas de olivar en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Desde la Diputación de Jaén, apuntan que esta solución es la más beneficiosa, ya que es menos estricta que la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), que sí sería más restringida.
Las organizaciones aseguran que esto supondrá «imponer restricciones y limitaciones» al sector del olivar desde el punto de vista agrario para «favorecer» la explotación turística. «Bajo el pretexto de conservar un paisaje y una cultura por la que ya velan sus legítimos propietarios», zanjan en un comunicado hecho público este martes. La tesis de las organizaciones agrarias es que la gestión privada de los agricultores garantiza la supervivencia de este paisaje, que además es «la base de la economía de todo un sector agroalimentario», a su vez, principal fuente de riqueza y empleo de más de 400 municipios de Andalucía.
«Nos aseguran que tendremos beneficios, pero no nos aclaran cuáles», apunta una fuente de estas organizaciones, que se queja de la falta de información sobre las posibles ayudas y subvenciones que desde la candidatura se anuncian. El responsable institucional de la misma, Marcelino Sánchez Ruiz, defiende que debe ser la Junta de Andalucía la que articule este tipo de apoyos una vez se consiga la designación. Para ello, deben culminar un camino que pasa por la presentación del expediente, varios exámenes, una visita de los responsables de la Unesco a la zona y, finalmente, la declaración.
El cálculo es que este momento no llegará, al menos, hasta 2024, pero Sánchez Ruiz advierte de que la falta de cohesión puede dar al traste con la candidatura. Los responsables de la Diputación de Jaén se miran en el éxito de la región francesa de Champagne, que logró el reconocimiento de la Unesco, y defienden el privilegio de las zonas de Jaén, Granada, Cádiz, Málaga y Sevilla que se quieren incluir en esta denominación. Según el responsable institucional de la candidatura, no hay limitaciones como tal a la actividad agraria. «El expediente no solo no limita la actividad agraria, sino que se apoya en ella», apunta este técnico.
En la reunión técnica de la pasada semana. se elevaron consultas al Ministerio de Cultura y a la Junta de Andalucía para desatascar el bloqueo
El pasado miércoles, se produjo la reunión técnica que sirve para desatascar la situación, en la que se acordó consultar al Ministerio de Cultura y al Gobierno andaluz para explorar una alternativa a ese registro en el catálogo del patrimonio que satisfaga a los agricultores. Era la primera vez que se vieron agricultores y los responsables de la candidatura desde el pasado 20 de diciembre. Y es justo en ese encuentro de finales de año donde Asaja, COAG y Cooperativas Agrarias de Andalucía sitúan el cambio de paradigma que les hace ponerse en contra, a pesar de que han apoyado este proyecto desde sus inicios, en 2017. Las tres organizaciones indican que en el documento de adhesión a este proceso se recogía que «no supondrá ninguna limitación de uso o de manejos en la actividad productiva». Y ese es el objetivo que buscarán ahora: mantener la protección del paisaje sin afectar a sus usos.
Las quejas de los agricultores
Su queja consiste en que eso ya no es así en el actual estado del expediente. Aseguran que «tanto el derecho de propiedad como la propia libertad de empresa» están en riesgo. Las organizaciones citan «estudios técnicos» que perjudicarán a los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio. Entre las obligaciones que critican están la inscripción en el Registro de la Propiedad y la obligación de los propietarios, titulares de derechos, de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos garantizando la salvaguarda de sus valores.
También se muestran en contra de la obligatoriedad de ejecución de obras y actuaciones de conservación; la ejecución forzosa, el derecho de tanteo y retracto que, aseguran, se queda la Junta, así como la potestad de inspección de la Consejería de Cultura, que es de quien depende la declaración en última instancia. Asimismo, critican que se prohíba la «contaminación visual o perceptiva» y la obligatoriedad de comunicar la realización de cualquier obra o intervención en los terrenos.
Este nuevo marco jurídico es una línea roja y por eso han reclamado esa reunión técnica y otras más localizadas con los olivareros. «No se puede aprobar esto sin los agricultores», apunta una fuente de las organizaciones agrarias, que avanza que si el compromiso con la Unesco sale adelante tal y como está ahora concebido, generará recursos por parte de los olivareros afectados.
